Los llamados a movilizaciones populares, la revelación de un supuesto complot para ejecutar un golpe de Estado y los brotes de vandalismo extremo abren heridas en la democracia hondureña.
Pero, igualmente, el país está colocado al borde del despeñadero económico. Las acciones vandálicas, particularmente las ejecutadas en la capital, generan zozobra y tiñen de tonos opacos el futuro cercano.
Los empresarios han llamado al Gobierno a tomar acciones firmes y de oficio para hacer caer todo el peso de la ley a los grupos que crean anarquía.
En sus distintos órdenes, el país se encuentra en convulsión, la gobernabilidad está en entredicho, las viejas heridas de 2009 volvieron a sangrar y la sombra de la reelección se ha agigantado.
Un segmento de la oposición política, algunos académicos y varios personajes que se ocupan de analizar el orden de cosas se debaten entre salidas extremas como la renuncia del mandatario, Juan Orlando Hernández o la gestión de una salida forzada.
Otros, se han expresado a favor de una transición constitucional, de un proceso electoral legítimo, transparente y en consonancia con una incluyente participación de democrática del pueblo.
Hay quienes se preguntan: "¿Cómo evitar que el costo de la inestabilidad política con derivaciones económicas y sociales sea mayúsculo?" La respuesta tendría que ser encontrada en un principio: La soberanía reside en el pueblo.
¿Cabe la revocación como alternativa a situaciones de tambaleo por falta de credibilidad en la clase política, la inequidad social e impopulares lineamientos económicos?
La teoría dice que la revocación del mandato es un tema que ha sido discutido desde hace mucho tiempo, pero sin trascendencia alguna o con ingredientes sectarios.
En enero de 2019, la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), presentó un proyecto de ley para crear la figura del Referéndum Revocatorio.
La iniciativa, que al final no prosperó, llevaba el propósito de consultar a los ciudadanos, en la mitad de período presidencial, sobre su aprobación o rechazo de la gestión gubernamental.
Lo concluyente es que en el país prevalecen la incertidumbre y la inestabilidad con consecuencias insospechadas sobre la vida nacional, con mayores daños colaterales para los grupos que siempre han sido discriminados.
¿Cuál es el camino para garantizar que la democracia funcione y que el tejido socio-económico y político no siga rasgándose más?
