El déficit fiscal; es decir la diferencia entre los ingresos y egresos de la Administración Central en el ejercicio 2022 será de 27,000 millones de lempiras que corresponden al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Así lo plantea el proyecto de Presupuesto de la República que se presume será debatido y aprobado por el Congreso Nacional a más tardar en la primera semana de diciembre y que asciende a más de 308,000 millones de lempiras.
En dicho plan se especifica que el pago de salarios en el Gobierno Central absorberá 61,000 millones de lempiras, mientras el gasto de capital representará una suma de 30,170 millones y los ingresos tributarios están calculados en 115,800 millones.
El déficit fiscal que se ha previsto para 2022 (27,000 millones de lempiras), incluye la inversión en proyectos bajo los mecanismos de Alianzas Público-Privadas, según lo dispuesto por el Gabinete Económico.
Los informes de la Secretaría de Finanzas señalan que, al primer semestre de 2021 fue de alrededor de 2,700 millones de lempiras, el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto.
Este indicador ha estado condicionado, porque los gastos totales entre enero y junio del presente año fueron de un poco más de 67,000 millones en contraposición con los ingresos que rondaron los 64,000 millones.
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Según el análisis de la Secretaría de Finanzas, el compromiso fiscal para el presente período se traduce -en gran medida- en el cumplimiento del balance global, tanto de la Administración Central como del Sector Público No financiero.
En 2020, el balance negativo entre las entradas y las salidas de dinero de la hacienda hondureña se situó en siete por ciento, superior al déficit fiscal de 2019 que fue de 2.5 por ciento del PIB.
El proyecto de Presupuesto de la República señala que para el ejercicio fiscal 2022 continuará la formulación de los ingresos propios generados por las Instituciones de la Administración Central, en razón de la prestación de servicios.
Asimismo, se mostrarán en el Presupuesto los ingresos de los fideicomisos de la Tasa de Seguridad y del Programa Vida Mejor, de acuerdo con el alineamiento de la Norma de Ejecución aplicada desde 2019.
Los recursos serán distribuidos entre las instituciones que ejecuten los mismos, lo cual contribuirá a mejorar la gestión en el manejo de los fondos públicos y la transparencia en el uso de los mismos, así como en los fideicomisos, apunta textualmente el apartado de las consideraciones generales del Presupuesto 2022.
El instrumento fiscal contempla, igualmente, medidas de contención de gastos y de disciplina presupuestaria. Respecto a ello, se ha establecido la reasignación del gasto corriente No prioritario para la atención de la crisis y facilitar los objetivos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, sin descuidar la inversión social y el otorgamiento de fondos para infraestructura y reconstrucción económica.
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