Marlon Lara (Partido liberal), Lissi Cano (Partido Nacional) y Maribel Espinoza (Partido Salvador de Honduras) fueron los congresistas que se hicieron presentes al Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente.
La diputada del PSH explicó en rueda de prensa que los delitos por los que se emitió la denuncia son abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República.
"Yo quiero dejar constancia que nosotros estamos aquí cumpliendo con un deber. Ese es nuestro trabajo, cumplir con el deber, con la Constitución y las leyes. Serán las autoridades las que determinarán la existencia o no del delito", explicó Espinoza en su salida del Ministerio Público.
Lissi Cano explicó a los medios de comunicación que ya se había advertido a la Junta Directiva del CN que se haría dicha denuncia si se enviaba al Ejecutivo el decreto 38-2023 para que fuese publicado, tal como ocurrió el 28 de julio de 2023.
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"Ellos lo sabían dijimos en el frente del frente parlamentario y también desde las diferentes bancadas que haríamos estas acciones (denuncia) si procedían a la sanción y a la publicación", relató la congresista.
Además, resaltó que también se advirtió sobre el pago de membresía de adhesión a la CAF, que son 11,500 millones de lempiras, equivalente a unos 470 millones de dólares.
Una acción de inconstitucionalidad
Por su parte, Rafael Jerez, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), explicó en conferencia de prensa en las instalaciones de la entidad, que la denuncia tiene una salida con una acción de inconstitucionalidad, que es la única que permite la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Al respecto, explicó que no se cumplió con el proceso constitucional al sancionar la adhesión a la CAF en el tiempo establecido por la Carta Magna hondureña, pues el decreto fue aprobado el 16 de mayo y fue sancionado el 29 del mismo mes, es decir, 13 días después.
Adhesión a la CAF
El Congreso Nacional aprobó el 16 de mayo el ingreso de Honduras a la CAF con votación de 66 diputados (mayoría simple) y el 12 de julio, tras el receso legislativo, con votación de más de 70 diputados se votó en contra de ratificar el decreto en mención.
Luego de ello, el 28 de julio fue publicado en La Gaceta, pese a que este no fue ratificado en el Legislativo, proceso que es secundario, según el diputado Ramón Barrios, de Libertad y Refundación (Libre).
Es así que el decreto pasó a ser ley interna del país y Honduras pagaría 11,500 millones de lempiras para ser parte del banco andino, del cual son miembros 20 países, entre ellos, España, Portugal, Venezuela, México y República Dominicana.
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