El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), anunció hoy que denunciará, ante instancias internacionales, la muerte de casi un centenar de personas vinculadas a medios de comunicación cuyos crímenes en más del 90% de los casos se mantienen impunes por falta de investigación.
Hugo Maldonado, presidente del CODEH condenó el asesinato del comunicador José Arita a manos de desconocidos en la ciudad de Puerto Cortés, al norte de Honduras, y exhortó al Presidente Juan Orlando Hernández que ordene a quien corresponda la debida investigación para que el crimen no se sume a la larga lista de impunidad en el país
El defensor de los derechos humanos expresó su preocupación por la escalada de asesinatos contra comunicadores sociales que, con la muerte violenta de Arita, aumentó a 8 en lo que va del 2019 y a 84 desde que se registró el primer caso, en octubre del 2001.
Arita se convirtió en el segundo comunicador que muere violentamente en la ciudad de Puerto Cortés en lo que va del 2019. El 6 de julio del pasado, también fue ultimado a balazos, en circunstancias aún no esclarecidas, Santiago Carvajal, que dirigía el programa de revista informativo de televisión “La Galaxia de Santi”.
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Arita, que dirigía el programa “La Hora de la Verdad” que se transmitía por Puertovisión Canal 12 de Puerto Cortés, fue interceptado por sujetos desconocidos que los ultimaron a balazos, en horas de la noche, después de salir de las instalaciones del medio de comunicación y se dirigía al centro de la ciudad de Puerto Cortés, en el norteño departamento de Cortés.
Maldonado recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales.
16 departamentos escenario de muerte violenta de personas vinculadas a medios
Advirtió que en Honduras la violencia contra periodistas continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social y hechos relacionados con el crimen organizado y la corrupción gubernamental.
“El ejercicio del periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo para las personas que la ejercen”, indicó.
Al menos, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muerte violenta de personas vinculadas a medios de comunicación, con excepción de La Paz y Ocotepeque donde no se ha registrado ningún caso.
De esta radiografía de la inseguridad para periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, en Honduras, los departamentos de Francisco Morazán (19), Cortés (19), Yoro (8) y Copán (8) reportan el 64% de las muertes.
En lo que va del 2019, se registró la muerte de ocho personas vinculadas a medios de comunicación en seis departamentos, uno en Valle, dos en Copán, dos en Cortés, uno en Santa Bárbara, uno en Gracias a Dios y una en Olancho.
El 49% de personas vinculadas a medios murieron violentamente a partir del 2014
El presidente del CODEH cuestionó que solo en el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández (2014/ noviembre 2019) suman ya 41 las personas vinculadas a medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios que han perdido la vida violentamente, que representan el 49% de las 84 víctimas registradas desde el año 2001.
Agregó que, si se toman en cuenta los casi 10 años de gobierno del Partido Nacional, suman 74 las personas vinculadas a los medios de comunicación, que representan el 88%, que perdieron la vida en circunstancias violentas en el país.
Anunció que denunciará ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la muerte violenta de periodistas y a las autoridades hondureñas por mantener en la impunidad el 90% de los crímenes contra personas vinculadas a medios, ya que apenas ocho casos han sido resueltos.
Cuestionó que las autoridades encargadas de la investigación en el país no actúan con la debida diligencia y les niegan a las víctimas el derecho a conocer la verdad.
Lamentó que, dada la situación actual, “la impunidad seguirá y lo que más nos preocupa es la sordera del Poder Ejecutivo”.
Indicó que el sistema de justicia hondureño está en la obligación de prevenir, investigar y castigar al o los responsables de cometer asesinatos y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios de comunicación
