El vicecanciller de Honduras, Antonio García, abordó la reciente declaración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró constitucional la Ley de Amnistía Política del decreto 04-2022. García aclaró que esta decisión no afecta la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), desmintiendo rumores propagados por la oposición política.
García enfatizó que, aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado la revisión de diversas leyes en el país, nunca ha exigido la suspensión de una amnistía, ya que este es un asunto soberano del Estado hondureño.
"Suspender la amnistía política es un discurso del Partido Nacional y lo dicen todos los días, pero no es cierto. La ONU ha puesto condiciones, quiere que se vayan leyes fuertes, pero nunca ha pedido que una amnistía no se otorgue", subrayó.
El vicecanciller también destacó que la decisión de la CSJ no solo ratifica la legalidad de la amnistía, sino que también le otorga legitimidad, dado que fue aprobada por el Congreso y respaldada por el Poder Judicial.
En cuanto a las peticiones de la ONU para la instalación de la CICIH, García reconoció la especulación que ha rodeado este tema, indicando que, en lugar de centrarse en la amnistía, la organización ha solicitado cambios en la legislación hondureña, incluyendo la modificación de la Ley Sobre Lavado De Activos, que debería invertir la carga de la prueba en el acusado.
Este debate sobre la amnistía y la llegada de la CICIH continúa siendo un tema crucial en el panorama político de Honduras, con diversas opiniones sobre las implicaciones de estas decisiones en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Instalación de la CICIH
Para la instalación de la CICIH, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado la derogación o modificación de varias leyes.
Entre las principales reformas necesarias se encuentran la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, reformas al Código Penal que reducen las penas por corrupción, también se mencionó de modificaciones a la Ley de Amnistía Política (Decreto 04-2022) que beneficia a acusados por corrupción, y la derogación del Decreto 117-2019 que otorga inmunidad a los diputados.
Analistas dudan que se instale la CICIH en el Gobierno de Xiomara Castro, puesto que su Gobierno finaliza a finales del mes de enero de 2026.
