El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra ocho de los 13 implicados en el caso de un supuesto desfalco de 80 millones de lempiras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Otros cinco imputados obtuvieron medidas de arresto domiciliario tras ofrecer fianza, informó el Poder Judicial. La audiencia inicial se realizará el próximo 12 de diciembre a las 8:30 a.m.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, explicó a La Tarde, de HRN y TSi, que la detención judicial se decretó para la mayoría de los acusados, mientras que los mayores de 70 años o con condiciones médicas específicas quedaron bajo arresto domiciliario tras el pago de una fianza.
"Jesús Antonio Ferrera, Andrés Donaldo Díaz, Ena Yolanda Figueroa, Jesús Umanzor, Rina González y Yuni Maribel Gómez son algunos de los imputados que quedarán bajo arresto domiciliario una vez que efectúen el pago correspondiente", detalló Castillo.
Es así que los señalados enfrentan acusaciones relacionadas con el desvío de fondos de la UNAH hacia cuentas personales, mediante resoluciones consideradas arbitrarias.
Posturas de la defensa
Por su parte, el abogado Marlon Arévalo, defensor de Eduardo Mencías Moreno, uno de los imputados, manifestó su desacuerdo con la detención judicial y cuestionó la equidad del proceso.
"La resolución contra mi representado no es justa. Este caso surge de una sentencia de la Sala Constitucional, y mi cliente solo vendió materiales de construcción con pagos electrónicos, lo que no constituye lavado de activos", declaró Arévalo.
Entretanto, el abogado Jaime Rodríguez, defensor de otro imputado, criticó la labor del Ministerio Público, calificándola de "mediocre".
"Esto es el resultado de investigaciones deficientes. Mi defendido cuenta con un contrato de servicios y respaldo legal. Con una simple llamada, esta situación pudo haberse evitado", aseguró Rodríguez.
Contexto del caso
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmó el lunes la captura de trece personas, en su mayoría miembros del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah).
Entre los detenidos figuran Germán Ubaldo Flores Matamoros, juez ejecutor designado por la Sala Constitucional; Carlos Manuel Moreno Lizardo, presidente del sindicato; y Eduardo José Macías Moreno, sobrino de uno de los líderes sindicales.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían formado parte de una estructura que desvió los fondos a cuentas personales bajo la fachada de resoluciones judiciales.
Origen del conflicto
El caso del supuesto desfalco se remonta al 2013, cuando el abogado Jesús Ferrera solicitó a la Secretaría General de la UNAH la acreditación de un porcentaje de los salarios de todos los docentes, lo que generó controversias debido a discrepancias en la membresía del Sidunah.
Según la UNAH, el sindicato no contaba con suficientes afiliados para justificar estas deducciones.
El Ministerio Público sostiene que las acciones de los imputados constituyen un fraude a las arcas de la universidad, afectando gravemente la integridad financiera de la institución.
