El Juzgado de Letras Penal dictó detención judicial a dos miembros de la Policía Nacional, identificados como Eder Ávila Girón y José Armando Sánchez, acusados por los delitos de hurto y abuso de autoridad.
La audiencia inicial fue programada para el martes 11 de febrero a las 9:00 de la mañana, donde se definirá su situación legal.
Detalles del caso
Ambos agentes fueron denunciados por un comerciante de lácteos, quien los señala de haberle despojado de una suma considerable de dinero.
Según el afectado, los uniformados le robaron 200 mil lempiras y 12 mil dólares (equivalentes a más de 306 mil lempiras). En total, el perjuicio supera el medio millón de lempiras.
El caso salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a los dos agentes a bordo de una moto, intimidando al comerciante en la colonia Calpules de Comayagüela. En las imágenes, la víctima reclama airadamente a los uniformados y exige la devolución de su dinero.
Posición de la Policía Nacional
Ante la viralización del video y la indignación ciudadana, la Policía Nacional emitió un comunicado, asegurando que no tolerará ni encubrirá actos al margen de la ley por parte de sus agentes.
"No se tolerará ni encubrirá actos al margen de la ley. Asimismo, se colaborará plenamente con el Ministerio Público en las investigaciones que permitan esclarecer cualquier hecho en el que estén involucrados uniformados", manifestó la institución en su pronunciamiento oficial.
Por su parte, el subinspector de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, declaró que, "si el dinero fue recuperado, este se convierte en evidencia para el proceso judicial".
Medidas disciplinarias contra los agentes
Como parte de las sanciones administrativas, la Policía Nacional ha decidido suspender el salario de los dos agentes mientras dure el proceso judicial.
"Nosotros remitimos ya a los dos funcionarios policiales al Ministerio Público por dos posibles delitos: hurto y abuso de autoridad. Será el fiscal asignado al caso quien determine lo que procede. A ellos se les suspende su salario como medida administrativa", explicó Barahona.
El caso ha generado gran revuelo en la opinión pública, pues refuerza las preocupaciones sobre posibles actos de corrupción dentro de la Policía Nacional. Mientras tanto, se espera que en la audiencia inicial se definan las próximas acciones judiciales contra los uniformados.
