El abogado y analista, Raúl Paniagua, señaló este sábado 23 de noviembre a HRN que las capturas realizadas por parte de las autoridades en el marco del estado de excepción parcial terminan incurriendo en una ilegalidad al no haber sido ratificada la ampliación de esta medida por el Congreso Nacional.
Paniagua recordó que, pese a que el Gobierno tiene las potestades y facultades de suspender algunos derechos constitucionales, la propia Constitución de la República establece que cuando estas suspensiones ocurren deben enviarse a votación al órgano legislativo para su respectiva aprobación o desaprobación.
Es así que, cuando estas suspensiones de los derechos constitucionales no tienen el aval del Congreso Nacional, "prácticamente no tiene efecto, no tiene validez dentro del Estado hondureño".
De esa manera, "si se captura a una persona bajo el estado de excepción, y no está ratificado en el Congreso Nacional, ahí lo que hay es una detención ilegal porque no se están siguiendo los parámetros que ya establece la propia legislación hondureña".
¿Se debe ampliar el estado de excepción?
Raúl Paniagua opinó que no se puede continuar con la misma política de seguridad con la que se comenzó en diciembre de 2022, fecha en la que comenzó a aplicarse el estado de excepción en el Gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro.
"No se puede continuar con la misma política de seguridad, el primero que se aprobó, y que sea en este tiempo el mismo. Es decir que la política de seguridad hay que irla analizando, hay que irla evaluando, porque en el tiempo se dan muchas circunstancias que hay que irlas incrustando (en la medida) para que vayan de acuerdo a la realidad", argumentó.
Estado de excepción en Honduras
El estado de excepción fue instaurado el 6 de diciembre de 2022, bajo instrucciones de la presidenta Castro, como una medida urgente para combatir la violencia y el crimen organizado.
Desde entonces, la medida de seguridad ha sido ampliada en 17 ocasiones, publicándose la última de ellas en el diario oficial La Gaceta el viernes 22 de noviembre por un plazo de 45 días, hasta el domingo 5 de enero de 2025.
Pese a que las autoridades de Seguridad han asegurado que se ha registrado resultados positivos con el estado de excepción parcial, diversos sectores han criticado la misma por múltiples razones.
Entre las críticas se encuentra que estas ampliaciones no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, que la medida -cuestionan- no ha dejado resultados en materia de seguridad y que esta -aseguran- ha violado los derechos humanos de algunos hondureños.
