El exgobernador del estado mexicano de Puebla, Mario Marín (2005-2011), fue detenido este miércoles en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.
"El Gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor", confirmó desde su cuenta de Twitter el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del suroriental estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.
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La acusación es por el delito de tortura hacia la periodista y activista Lydia Cacho; según la prensa local, el exgobernador será trasladado en las próximas horas a Cancún, Quintana Roo.
Marín gobernó el central estado de Puebla dentro del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado "Los demonios del Edén", en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho.
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En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el Gobierno de México, encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
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