A través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) del Ministerio Público y en audiencia de declaración de imputados, el Poder Judicial de Honduras logró el arresto domiciliario en contra de Carlos Alberto Rodríguez Girón, exfiscal, y actualmente, presidente del Colegio de Abogados de Honduras en Comayagua.
Rodríguez Girón es acusado por más de cien casos de delito de sustracción de documentos en custodia, y 66 delitos por omisión del deber de perseguir delitos; todos en contra de la Administración Pública.
Según dicta un comunicado emitido por el Ministerio Público, el profesional del derecho fue capturado en su casa de habitación, durante una operación ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en mayo de 2021, en la que también se dio captura a su esposa, Astrid Marcela Castillo Rodríguez, quien de igual manera está señalada por el delito de estafa.
En dicho operativo, elementos de la ATIC encontraron documentación propiedad del Ministerio Público correspondiente a diferentes investigaciones, así como de notas extorsivas relacionadas con distintos expedientes, elementos que estarían sustentando la causa contra los encausados.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, fue comprobado que el imputado ejecutaba sus acciones delictivas engañando a empresarios y microempresarios de Comayagua, haciéndoles creer que las autoridades los estaban investigando por delitos relacionados con crimen organizado, y les exigía algunas cantidades de dinero a cambio de detener las supuestas investigaciones.
La audiencia inicial será el próximo lunes (17.01.2022) a las 9:30 de la mañana, y la solicitud del Ministerio Público sería que se dicte un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el exfiscal y la señora Castillo Rodríguez.
Por dichas acciones, Rodríguez Girón es acusado de los delitos de abuso de autoridad, sustracción de documentos y estafa en contra de diversos ciudadanos, motivos por los que le fue impuesto el arresto domiciliario.
Por el delito de abuso de autoridad, el abogado podría enfrentar una pena de entre 3 a 6 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo que dure la reclusión, y hasta 9 años prisión por el delito de estafa, según el nuevo Código Penal de Honduras.
