Un juez de Extradición de Primera Instancia dictó este jueves arresto provisional contra Roscoe Silvestre McMillan, un ciudadano estadounidense de 44 años, quien es solicitado en extradición por el Distrito Norte del Estado de Georgia por su presunta participación en delitos de fraude electrónico, fraude postal y por no comparecer ante un juez.
La audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba fue programada para el lunes 23 de junio, según confirmaron autoridades del Poder Judicial.
Detenido dos veces en Honduras
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó que McMillan fue capturado por segunda vez en menos de seis meses, tras haberse emitido una notificación roja de Interpol, a solicitud del gobierno estadounidense.
El ciudadano norteamericano ya había sido detenido inicialmente el 31 de diciembre de 2024 en Pavana, Choluteca, por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), luego de encontrársele 29,900 dólares en efectivo, que no logró justificar, y por lo que fue señalado por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
En ese entonces, el caso fue elevado al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, el cual, el 3 de junio de 2025, resolvió aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejándolo libre.
Sin embargo, la justicia internacional volvió a intervenir. Apenas un día después, el 4 de junio, agentes de OCN-Interpol Honduras, siguiendo una nota verbal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, procedieron a su recaptura formal con fines de extradición.
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El fraude supera los 2.7 millones de dólares
De acuerdo con el expediente, McMillan enfrenta una orden de arresto emitida el 5 de noviembre de 2024 por el Tribunal del Distrito Norte de Georgia, debido a su supuesta participación en un esquema fraudulento que habría generado pérdidas por al menos 2.7 millones de dólares.
Las autoridades hondureñas aseguran que están cooperando plenamente con Estados Unidos para avanzar en el proceso de extradición, en el marco de los acuerdos internacionales contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
