El conductor Diego Alberto Reyes Enamorado enfrenta un auto de formal procesamiento tras el accidente que provocó la muerte de dos personas en San Pedro Sula, departamento de Cortés, al norte de Honduras.
La resolución se dictó durante la audiencia inicial en el Juzgado de Letras de lo Penal.
Reyes Enamorado es acusado de homicidio imprudente en perjuicio de los pasajeros Sujhayli Rosio Enamorado Euceda y José Javier Mendoza Cortés.
También enfenta acusación por el delito de omisión del deber de socorro contra Manuel de Jesús Trochez Sánchez, Amalia Guevara y Karen Jackeline Gutiérrez Ávila.
Detalles del accidente y acciones legales
El accidente ocurrió el 7 de septiembre de 2025, cuando Reyes Enamorado conducía un vehículo de transporte en la ruta entre el sector de Cofradía y el centro de San Pedro Sula.
A la altura de la colonia Lempira, maniobras indebidas provocaron que el vehículo cayera al Río Chamelecón.
El conductor, que operaba sin licencia vigente emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), huyó del lugar.
Se presentó voluntariamente 4 dias después
Aunque se presentó voluntariamente cuatro días después en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), no existía orden de captura vigente en ese momento, impidiendo su detención inmediata.
Fue hasta octubre de 2025 que la Fiscalía de Delitos Comunes presentó el requerimiento fiscal, logrando que la orden de captura se librara y ejecutara un mes después.
Durante la audiencia, se ratificó la medida de presentación periódica en declaración de imputado y se dictó el auto de formal procesamiento.
Marco legal y sanciones
Según el Artículo 198 del Código Penal, quien causa la muerte de otra persona por imprudencia grave enfrenta de tres a siete años de prisión, mientras que la imprudencia leve se sanciona con uno a tres años. En casos que involucren vehículos automotores, armas de fuego o explosivos, se suman penas adicionales de tres a seis años.
Las autoridades mantienen seguimiento estricto al caso para garantizar que el proceso judicial avance conforme a la ley, protegiendo los derechos de las víctimas y asegurando responsabilidad penal para el imputado.
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