Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), criticó en HRN el Mecanismo de Protección, señalando su ineficacia en la implementación de medidas de seguridad para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia en peligro.
Meza anunció que, debido a la falta de respuestas adecuadas, varios casos serán enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, la directora expresó su frustración, calificando la situación como irónica dado que el Mecanismo debería estar cumpliendo con una responsabilidad fundamental: la protección de quienes enfrentan riesgos graves.
A pesar de su solicitud de protección, la policía local, según Meza, ha rechazado proporcionarle seguridad, con la jefa departamental alegando falta de tiempo para atender el caso. Esta respuesta fue documentada por la periodista mediante una grabación en altavoz.
La situación ha creado un clima de temor entre los periodistas, quienes temen por sus vidas debido a la falta de confianza en las autoridades y al riesgo de filtraciones sobre sus casos.
ASOPODEHU y otras organizaciones están recopilando evidencia sobre amenazas y remitiendo estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, en un esfuerzo por garantizar la protección efectiva de los profesionales en peligro.
Meza concluyó con un llamado urgente a revisar el Mecanismo de Protección, insistiendo en que la seguridad no es un favor del gobierno, sino un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.
El Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras fue creado en 2015 bajo la Ley de Protección, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de estas personas que se encuentran en riesgo debido a su labor. Este mecanismo ofrece medidas preventivas y de protección para garantizar que puedan ejercer sus funciones de manera segura.

