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El diputado Yahvé Sabillón denunció este jueves y lo ha ratificado hoy, viernes, que un alto funcionario de la administración de Xiomara Castro pidió una coima de cinco millones de dólares a un inversionista con el fin de evitar la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).



Durante una entrevista con Diario Matutino, Sabillón aseguró esta mañana que la denuncia surgió en el marco de una reunión entre inversionistas hondureños y norteamericanos celebrada en octubre del año pasado.



 “En reunión con inversores norteamericanos y hondureños, el inversor nos manifestó -no enseñó documentación ni grabación-, lo dijo de una forma que no tenemos por qué dudarlo: para que no se siguiera la derogación de las ZEDE, un alto funcionario le estaba pidiendo cinco millones de dólares”, relató el parlamentario.



El congresista agregó que más personas participaron en esa reunión y que todos quedaron sorprendidos ante la confesión. “Desde ahí yo dije: definitivamente la corrupción sigue exactamente igual a como estaba anteriormente. No les interesa que venga la CICIH (Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras), porque de ahí nos vamos a dar cuenta de los actos de corrupción que probablemente estén”, expresó.



Según el legislador liberal, el funcionario le advirtió al empresario que si no entregaba el dinero, perdería su inversión. 



Sin embargo, el pago no se concretó: “Eso no se dio, porque los inversionistas no dieron el dinero para un proyecto que era inconstitucional”, aseguró.



Sabillón también indicó que él mismo aconsejó al inversionista no ceder ante la petición ilícita: “Yo le dije: usted no tiene que estar dando dinero a ningún funcionario, porque no es correcto”, afirmó.



La revelación se dio en el contexto de reuniones intersectoriales donde participaron representantes del Partido Nacional, Partido Liberal y del sector privado, con el objetivo de buscar salidas jurídicas ante la eventual derogación de las ZEDE. “Querían traer más inversiones, como tecnología técnica”, explicó.



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Además, el legislador recordó que cuando la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) estuvo en el país, salieron a la luz numerosos actos de corrupción que afectaron a distintas administraciones.



<h4>Próspera se pronuncia </h4>



Erick A. Brimen,  CEO y fundador de Próspera, se pronunció ante la denuncia de soborno a través de su cuenta de X.



“Hemos tenido diferencias significativas con varios funcionarios del gobierno hondureño… Sin embargo, nunca se me ha solicitado un soborno… quizás sorprendente considerando la controversia; ¡pero es cierto! Y por encima de todo, ¡la verdad debe prevalecer!”, escribió.



<blockquote class="twitter-tweet">Hemos tenido diferencias significativas con varios funcionarios del gobierno hondureño… SIN EMBARGO, nunca se me ha solicitado un soborno… quizás sorprendente considerando la controversia; ¡pero es cierto! Y por encima de todo, ¡la verdad debe prevalecer!— Erick A. Brimen (@erickbrimen) <a href="https://twitter.com/erickbrimen/status/1925795144294392159?ref_src=twsrc%5Etfw">May 23, 2025</a></blockquote> 



No obstante, al conocer la declaración de Brimen, Sabillón señaló que en ningún momento dijo que se trataba del fundador de Próspera, sino de otro inversionista de la misma compañía. 



Además, ratificó su disposición de presentarse ante la Fiscalía para dar el nombre de dos testigos (diputados liberales), y del alto ejecutivo que le presentó la denuncia.



<h4>El Ministerio Público debe actuar de oficio </h4>



En relación a la denuncia de soborno, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano expuso que  el Ministerio Público debería de investigar de oficio por ser una denuncia severa.



“El diputado Sabillón manifiesta que hubo testigos, e investigar quién es el alto funcionario que está dejando mal al gobierno por pedir soborno, y está dejando mal a todos los hondureños por corruptos”, declaró.



<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">🚨🗣️“El MP debería tomar denuncia del diputado Sabillón, hay que identificar al inversionista y averiguar quién es el alto funcionario del Estado que está dejando mal al gobierno y la población por estar pidiendo sobornos” Gustavo Solórzano, presidente CAH. <a href="https://t.co/8deKXp7bLN">pic.twitter.com/8deKXp7bLN</a>— TSiHonduras (@TSiHonduras) <a href="https://twitter.com/TSiHonduras/status/1925932507259711942?ref_src=twsrc%5Etfw">May 23, 2025</a></blockquote> 



<h4>¿Qué es Próspera y dónde está ubicada?</h4>



Próspera ZEDE se constituyó en Roatán, Islas de la Bahía, en el caribe hondureño, en el año 2017. Según la información disponible por parte de la empresa, desde aquel año se han ido instalando inversiones enfocadas en servicios financieros y tecnológicos, gobernanza electrónica y servicios digitales, investigación y desarrollo, energía renovable, desarrollo inmobiliario y comunidades en línea y servicios basados en internet.



Otros proyectos de su tipo son Ciudad Morazán, establecida en Choloma y enfocada en manufactura; y Orquídea, en la aldea Las Tapias de San Marcos de Colón, Choluteca. Esta es una zona agroindustrial especial destinada principalmente a la producción agrícola para la exportación, con invernaderos para el cultivo de chiles y tomates.



<h4>ZEDE fue declarada inconstitucional</h4>



Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico se crearon en Honduras con la finalidad de atraer inversión extranjera mediante la implementación de regímenes especiales en áreas delimitadas del país. 



Según la legislación original, estas zonas tienen la potestad de establecer sus propias reglas en materia de gobernanza, leyes, impuestos y desarrollo económico, aunque no constituyen estados separados dentro de Honduras.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante la sentencia del expediente número SCO-0738-2021, emitida el 20 de septiembre de 2024, ya publicada, declaró la inconstitucionalidad total y de origen de todas las normativas que permitieron la creación de las ZEDE.



Esto incluye el Decreto Legislativo No. 236-2012, aprobado el 23 de enero de 2013, y su ratificación mediante el Decreto Legislativo No. 9-2013, que reformó los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución para autorizar dichas zonas. 



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