La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar una investigación sobre la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria, gestionado por el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
Según la organización, los diputados asignaron L1,837,349,701.14 mediante la línea presupuestaria 449, administrada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y considerada de carácter discrecional.
Entre los diputados señalados por gestionar recursos aparecen Hugo Noé Pino, Rasel Tomé y Fabricio Sandoval, de acuerdo con la denuncia presentada por ASJ.
La organización sostiene que esta partida presupuestaria estaba destinada únicamente para obligaciones relacionadas con convenios de préstamo, avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública.
Por ello, cuestiona que los fondos se utilizaran para financiar becas, obras sociales, canchas deportivas e infraestructura menor.
Cuestionamientos por cupones alimenticios y fondos para becas
ASJ solicitó a la Fiscalía investigar el uso de los recursos y requerir a SEFIN copias certificadas de las resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 para asignar fondos a instituciones como Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), Fondo Hondureño de Inversión Socia (FHIS), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE) y Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Entre los hallazgos, la organización documentó que BANASUPRO canjeó 199,701 cupones alimenticios por L187,567,800 durante el período investigado. Sin embargo, señaló que solamente el 37 % de esos recursos aparece liquidado.
Además, identificó L110,130,000 destinados a becas. Al solicitar información sobre la liquidación de estos fondos, ASJ encontró que BANADESA y SEDESOL establecieron un acuerdo de confidencialidad que limita el acceso a los datos.
La organización considera que esta situación afecta los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el uso de fondos públicos.
ASJ cuestiona falta de liquidación de recursos públicos
ASJ afirmó que la asignación de los fondos habría respondido a la gestión individual de diputados y no a criterios técnicos previamente establecidos.
Según la organización, esta práctica pudo utilizar las ayudas sociales como una herramienta de promoción política previo a las elecciones generales.
En materia de rendición de cuentas, la asociación señaló que varias instituciones no entregaron los informes de liquidación requeridos por ley.
SEFIN confirmó esta situación en los casos relacionados con SEDESOL y SGJD, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) indicó que no encontró registros de dichos informes correspondientes al período 2023-2025.
Asimismo, SEDESOL informó a ASJ que los fondos ejecutados permanecen sin liquidar y que desconoce el procedimiento que debía aplicarse.
Ante estos señalamientos, la ASJ pidió al Ministerio Público investigar a todos los diputados que gestionaron recursos del Fondo de Administración Solidaria y determinar las posibles responsabilidades legales.
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