El abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se refirió este martes 24 de junio al manejo de fondos públicos por parte de diputados del Congreso Nacional para supuestamente realizar obras sociales destinadas a la población.
Aunque no precisó desde qué administración o desde cuándo, Castañeda señaló que más de 16 mil millones de lempiras han sido malversados por uso de dinero público de parte de congresistas.
"Solo el fiscal Luis Javier Santos, a inicios de 2022, nos advirtió que el mantener activo esta metodología de recepción de fondos por parte de diputados, otorgados por Secretarías de Estado, en diputados y ONG's de maletín se han malversado más de 16 mil millones de lempiras", precisó a Diario Matutino, de HRN.
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Inmunidad para diputados que manejan fondos públicos
Las declaraciones de Castañeda surgen luego de que saliera a la luz un audio sobre la supuesta distribución de cheques de hasta 100 mil lempiras a activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que involucraría a algunos funcionarios.
Entre ellos el titular de Sedesol, José Carlos Cardona; y la diputada del Partido Libre, Isis Cuéllar, quien, además, funge como vicepresidente del Congreso Nacional.
Al respecto, el abogado lamentó que el Ministerio Público, en este momento, "no tiene nada que ver", debido al decreto que otorga inmunidad a los parlamentarios.
"Todavía estamos bajo ese Decreto 116-2019, donde le otorga esa inmunidad a todo aquel que recibe fondos para 'mejorar' la calidad de vida de población. Ese famoso pacto de inmunidad", resaltó.
Agregó que por esos mismos factores la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no ha sido instalada.
También reiteró que desde 2022, desde diferentes organizaciones de sociedad civil han advertido sobre la reactivación de manejos por parte de fondos de diputados hondureños.
"Sabemos que eso siempre ha sido un nido de corrupción", precisó.
Malversación de fondos por diputados no puede ser investigada inmediatamente
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación destacó que, según lo establecido por la Ley, se debe esperar de tres a cinco años que se tarda el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizar auditorías sobre uso irregular de estos fondos públicos.
Posteriormente, el TSC determina si existe una responsabilidad civil, penal o administrativa.
Es hasta ahí cuando el Ministerio Público "puede tocar ya una primera evidencia o empezar ya a hacer las diligencias pertinentes de investigación", lamentó.
"Esa reactivación es peligrosa, ese Fondo Departamental es sinónimo de corrupción y hoy estamos viendo las consecuencias", expresó.
Investigación global sobre malversación de fondos públicos
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ también pidió que la instrucción de la presidente de Honduras, Xiomara Castro, hacia el TSC y a la Secretaría de Transparencia sobre el reciente caso de Sedesol también "entre todos los millones que se le han dado a diputados propietarios y suplentes para proyectos en sus comunidades".
"Esto nos da una alerta que se debe hacer una investigación global de en qué se han destinado estos fondos que se le han otorgado a diputados y diputadas porque estamos viendo que aquí hay una situación que nos puede llevar a casos de corrupción de malversación de caudales públicos", concluyó.
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