Tres hombres capturados por su presunta implicación en el asesinato del menor Víctor Aarón Mejía Córdoba, conocido como “Carita”, negaron cualquier participación en el crimen ocurrido en julio de 2025 en San Pedro Sula, Cortés.
El menor, quien se dedicaba a limpiar parabrisas, fue hallado sin vida con múltiples impactos de bala en una calle del segundo anillo periférico, a la altura del desvío hacia Los Cármenes.
Los detenidos por este crimen fueron identificados como Eder Antonio Portillo Turcios, Víctor Geovanny Tejeda Lara y Gustavo Adolfo Tejeda.
¿Inocentes en crimen de "Carita"?
Uno de los detenidos, identificado como Gustavo Adolfo Tejada, aseguró que tanto él como su hermano son inocentes.
“Yo no me doy cuenta de nada, no me han dicho nada, yo no me doy cuenta de nada, es algo injusto, nos dedicamos al transporte, a la mecánica, nosotros trabajamos, nos levantamos a las seis de la mañana para ganarnos el pan de cada día, no le hacemos daño a nadie”, declaró.
El capturado también afirmó: “Soy inocente, mi hermano es inocente, y hace ocho días vino al país”. Por su parte, el tercer detenido, descrito como de tez trigueña y contextura corpulenta, expresó: “No sé de qué me acusan”.
Las capturas se realizaron durante un allanamiento en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula, ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Según el jefe de la DPI, subcomisionado César Ruiz, existen elementos probatorios que vinculan directamente a los sospechosos con el crimen.
“Tenemos evidencia técnica, los resultados fueron positivos y por eso se emitió la orden de captura. Indicios balísticos nos ayudaron a dar con el paradero, (en el) asesinato en perjuicio del menor”, afirmó el funcionario.
Tras su detención, los sospechosos fueron trasladados a las instalaciones de la DPI, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente por el delito de asesinato.
Pena por asesinato
El Código Penal de Honduras establece en el artículo 193 que quien comete asesinato, con alevosía o ensañamiento, enfrenta penas de entre 20 y 25 años de prisión. Si se comprueba la existencia de pago o recompensa, la condena puede aumentar hasta 30 años.
El caso ha generado consternación en la población, que exige justicia por la muerte violenta del menor en la zona norte del país.
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