Con motivo de su informe de cien días de gestión, la presidente Xiomara Castro expuso: “nuestra visión social ha sido plasmada en el nuevo presupuesto, a través del cual se van a generar 100,000 nuevos empleos en el transcurso de 2022 a 2023. Nuestra tarea es apoyar la generación de nuevos puestos de trabajo y de una economía saludable para el pueblo”.
La realidad es otra. Sólo en la industria maquiladora en la zona norte del país, han sido cerradas 32,000 fuentes de ingresos en lo que va de este año, y en el período pasado se registró la pérdida de 90,000 trabajos, unos 60,000 en la empresa privada y aproximadamente 30,000 en el sector público.
Cuando faltan únicamente tres meses para que concluya 2023, Honduras ha retrocedido en la creación de un clima favorable para la multiplicación de puestos de trabajo.
Una cadena de hechos negativos conspira contra las posibilidades de atender la demanda de 200,000 hondureños que cada año salen al mercado en busca de un trabajo formal.
Entre estas eventualidades se mencionan: la crisis política, la inseguridad jurídica, la incapacidad para atraer capital extranjero, la falta de incentivos a la inversión privada nacional, la caída de la productividad y el derrumbe de la competitividad.
Aparte, el deterioro de la red de asistencia social profundiza más las condiciones precarias en que vive la mayoría de la población de Honduras.
Es claro que nuestra economía está estancada y que el mercado laboral se encuentra en franco deterioro. El país está yendo por un camino equivocado y muy distante de las metas de desarrollo económico e igualdad social.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), detallan lo siguiente: de 3.5 millones es la población de hondureños que están aptos para trabajar, solamente un millón 700,000 tiene un puesto laboral.
Sobre la base de estos datos oficiales, se tiene que la tasa de desempleo en las mujeres es de 10.7 por ciento y entre los hombres es de 7.5 por ciento.
A partir de estos datos, la conclusión obligada es que la equidad social, el alivio de la pobreza, la creación de empleos y el desarrollo económico, dependen de un pacto económico para atraer inversión y establecer más fuentes de ingresos, además de un compromiso de las autoridades de garantizar una estabilidad político-institucional de Honduras.
