No está en duda que son relevantes para la vida nacional los temas referidos a la reforma a la integración del Consejo de Defensa y de Seguridad, el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual como la derogación o no del nuevo Código Penal.
Son de interés nacional y, por lo tanto, tienen que ser debatidos ampliamente, porque detrás de su planteamiento por parte de la clase política se esconden propósitos que ponen en riesgo la democracia y el Estado de Derecho de Honduras.
Nuestros gobernantes, los anteriores y los actuales, han mostrado una inclinación premeditada de poner sobre la mesa de análisis temas cruciales como los que hemos señalado, pero revestidos de un tinte político-sectario y con el claro propósito de lanzar cortinas de humo para desvanecer las demandas más sentidas de la población.
Hay una agenda de problemas que golpean con severidad al pueblo y que está relegada a un segundo plano. Pareciera que nuestras autoridades, del pasado y del presente, han llegado a improvisar en la administración del Estado.
Ha sido manifiesta la incapacidad para dar respuesta a los problemas en los sectores de salud, educación, seguridad, producción e infraestructura, para mencionar algunos de los ejes de nuestra condición de país en rezago.
La inmensa mayoría de nuestro pueblo está sumido en la pobreza, desplazado por la falta de educación, sin servicios dignos de salud, angustiado por el desbordamiento de la violencia criminal, en riesgo debido al deterioro de nuestro aparato productivo y marcado por la limitada inversión en obras públicas.
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La economía de Honduras ha tenido un pírrico crecimiento promedio de tres por ciento en los últimos 40 años. Hoy día tenemos una pobreza mayor al 70 por ciento, un millón de niños y jóvenes excluidos del sistema educativo, una población enferma y un proyecto para el desarrollo que está enterrado.
Éste es nuestro escenario de ruina y de miseria en el que los hondureños hemos estado y seguimos en batalla contracorriente. El Gobierno que asumió en enero de este año se comprometió a dar respuestas a nuestros problemas de siempre.
No obstante, han empeorado los males que afectan a nuestro país. En el Gobierno del Poder Popular no se visualiza claramente un cambio que nos permitiría ir en dirección hacia puerto seguro.
¿Estamos frente al riesgo de que se intensifique el acento político-ideológico en la gestión pública? Es posible que Sí. ¿Hacia dónde vamos?
Que no quede invisible la agenda de temas que golpean fuertemente al pueblo: la pobreza, la mediocridad educativa, la miseria sanitaria y -en general- la desvinculación de la clase política respecto a sus deberes con las mayorías que están marginadas. Que se rinda cuentas al pueblo que exige progreso y desarrollo promovido por un buen gobierno.
