La detención de los alcaldes de Ojojona, Francisco Morazán, José Armando García, y de Roatán, Islas de la Bahía, Jerry Hynds, coloca de nuevo en el centro de la tormenta a los funcionarios edilicios.
Uno de ellos, el jefe del gobierno localde Ojojona, es imputado por el delito de violencia doméstica; y el que dirige los destinos de la ciudad insular está señalado -junto a otras tres personas- por el supuestoilícito de tráfico de drogas.
Estos dos episodios se unen a muchos otros que se han presentado en el reciente pasado y que han tenido a los alcaldes como sus principales protagonistas.
Algunos de ellos han sido nombrados como culpables de homicidio o extorsión; otros, de apropiación ilegal de tierras y abigeato; No pocos, de corrupción en sus más crudas expresiones: y varios más, de estar ligados con grupos del crimen organizado.
Muchos funcionarios y ex servidores edilicios han sido hallados culpables y condenados por la justicia y algunos se quedaron como sospechosos y en la impunidad.
A raíz de estos vergonzosos capítulos, han tenido lugar ácidas confrontaciones entre el Gobierno Central, los operadores de justicia y los alcaldes en cuestión, quienes se han declarado en cada caso como víctimas de persecución política, de campañas tendenciosas o de violación a los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
Los sucesos de más reciente data y que involucran a los alcaldes de Ojojona y de Roatán, nos exhorta a meditar en cómo nuestros funcionarios municipales -en una significativa proporción- siguen estando en tela de juicio, en descrédito frente al pueblo.
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Se supone que los alcaldes son líderes locales, los más cercanos a la población y los que mejor conocen la problemática de nuestras ciudades, aldeas y caseríos. Justo por ello es que han recibido el voto de los hondureños.
Los alcaldes y funcionarios edilicios de categoría secundaria No han escapado a los más diversos señalamientos que les sitúan en el centro de la tormenta.
Las acusaciones por diversos delitos continúan cayendo sobre nuestros alcaldes y este solo hecho mancha su perfil, independientemente de que sean inocentes o culpables. A los ciudadanos nos toca ejercer una rigurosa acción de auditoría y contraloría sobre sus ejecutorias.
El adecentamiento de la labor municipal, así como la transparencia y honestidad son, primordialmente, las condiciones que debemos exigir los hondureños de la hoja de vida de los políticos que aspiran a dirigir los gobiernos locales.
Porque es lo que corresponde en los tiempos de crisis sin precedentes que corren, cuando No cabe más tolerancia para las prácticas desviadas a que están acostumbrados nuestros políticos, depositarios del poder del pueblo.
