Esa premisa queda confirmada en la aplicación torcida de la ley en los casos de exfuncionarios que han sido beneficiados con la amnistía política.

Justo ayer, los juzgados competentes comunicaron una resolución de sobreseimiento a favor del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla, por los delitos de abuso de autoridad y de malversación de caudales.

Esos mismos beneficios fueron otorgados en el reciente pasado al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y al exgerente de HONDUTEL, Marcelo Chimirri.

El decreto que fue aprobado hace dos años con el mentiroso propósito de hacer justicia a aquellos personajes que fueron “perseguidos” a causa de su lucha en pro del orden institucional o que estuviesen procesados y condenados por razones políticas, terminó por convertirse en un “caldo de cultivo” de la impunidad.

Los ideólogos y los comisionados para darle vida a la amnistía política arguyeron en su momento que era justo y necesario extinguir la responsabilidad penal que se hubiese deducido a las llamadas "víctimas políticas del régimen".

Pero el concepto de "perdón político" fue instrumentalizado y su aplicación nos ha llevado a una polarización de la sociedad hondureña y a una contaminación de los principios de impartición de la justicia.

Gracias al polémico “decreto de amnistía” exfuncionarios acusados por fraude, malversación de fondos y violación a los deberes en la administración pública han salido bien librados en virtud de que su causa ha sido calificada como de “génesis política”.

Son varios los sujetos de figuración pública que saliendo de las "sombras" para acogerse a las bondades de la amnistía que les ha permitido “lavar” sus delitos y hacerlos pasar por acciones de motivación política.

Ha habido un doble discurso en el gobierno de la refundación. La administración Zelaya Castro ha enarbolado el aparente compromiso de luchar por la transparencia; sin embargo, se abrió el camino para que las presuntas víctimas de la crisis política quedaran libres de sus delitos penales.

Esto no es más que un desdoblamiento entre las decisiones orientadas a encubrir a los "deshonestos" y los tibios mensajes sobre el combate al cáncer de la corrupción.

Los que se han acogido a la amnistía con el pretexto de haber sufrido “persecución política” pertenecen a la misma especie de los corruptos que nos roban a los hondureños 3,000 millones de dólares al año, que han abierto fisuras en nuestra institucionalidad y que han empobrecido nuestro país.  

Lo menos que esperamos es que en el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea revisado el tema de la nefasta amnistía política.

Porque esa ley promueve la corrupción y la impunidad, bajo la justificación de que con dicho amparo se hace justicia a esos funcionarios que se han declarado “mártires” y “perseguidos” por razones políticas.