Grabada en la conciencia y en la retina de los hondureños quedó la frase: ¿dónde está el dinero?. Tan marcado como el clamor popular aquel de “cárcel sí, pero que devuelvan o les quiten lo robado”.
La corrupción pública, que no es más que el robo de unos 65 mil millones de lempiras al año, aún quedándonos cortos, empeora y se convierte en un fenómeno de consecuencias graves, cuando un estado no tiene los instrumentos eficaces, y peor, la voluntad de su institucionalidad de recuperar los dineros malversados.
Dinero que en todo tiempo tendría que ser necesario e imperativo quitarle a los ladrones del erario público para resarcir en la misma medida el daño causado, al tiempo que le devolvería a este vilipendiado pueblo hondureño la certidumbre de que los delincuentes de cuello blanco estarán recibiendo su equivalente merecido.
Y cómo no va de ser de otra forma si en la actual coyuntura, los que se roban esos 65 mil millones de lempiras cada año, los sacan a paraísos fiscales para disfrutarlos en el exuberante exilio o una vez que cumplen sus breves condenas penales.
Así nunca Honduras va a lograr resarcir el grave daño causado por corruptos y corruptores. Así nunca el país va a sentar precedente alguno de penas y sanciones ejemplarizantes, y más bien sólo seguirá blindando el tejido institucional de la corrupción y protegiendo a los culpables de esas inveteradas actuaciones de negligencia, tolerancia y deshonestidad en su más despreciable expresión.
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¿Cómo es que como sociedad llegamos a permitir que aquí se roben 65 mil millones de lempiras al año, y apenas, cuando menos, sólo se le puedan quitar a los ladrones entre dos mil y tres mil millones de lempiras de lo robado?. Recuperar el dinero y redestinarlo para brindar servicios en salud, educación, seguridad, infraestructura, resarce sin duda el generalmente letal daño causado por la corrupción. ¿Cuántos hondureños derechohabientes del Seguro Social no pagaron con su vida el saqueo de 300 millones de dólares de la institución previsional?.
Pero las familias de los responsables del latrocinio, bueno, a los que lograron agarrar, disfrutan a plenitud las comodidades de los bienes inmuebles que los ladrones del Seguro Social pudieron adquirir mientras los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo, de recuperación de activos, fallaron como fracasó la institucionalidad y el marco jurídico para penalizar con todo el peso de la justicia, la corrupción y la impunidad generada por la tolerancia y la inacción.
Y aunque el dinero siempre deja huellas y puede ser trazado donde los corruptos lo logren esconder, en Honduras, muy a pesar de las víctimas del latrocinio público, nunca se ha querido recuperar.
Organizaciones de sociedad civil han establecido que el dinero de la corrupción podría cubrir hasta tres veces algún programa de asistencia social en la escuela pública, pero aún así esto no ha podido ser suficiente para que la institucionalidad reaccione y retribuya el daño causado, mediante el principio de que el delito que genera millonarias ganancias no termine compensando al ladrón o delincuente.
Si no es de otra forma, la sociedad continuará cometiendo el pecado mortal de seguir protegiendo a los corruptos, de toda calaña, que al amparo de esta institucionalidad permisiva y cómplice, pueden disfrutar a perpetuidad junto a sus clanes familiares, los dineros que miserablemente le roban al pueblo hondureño.
