Salvo uno que otro, en Honduras, todos o casi todos, coincidimos en que el actual modelo energético está agotado, y que la soberanía energética del país está en peligro.
Que el rescate financiero y operativo de la estatal eléctrica ya no puede esperar, y que un subsector eléctrico eficiente y sano es la base del desarrollo económico y social de una nación.
En todo esto, creemos hemos estado de acuerdo los hondureños.
Y en que la Empresa Nacional de Energía no sea privatizada, en reducir las altas pérdidas técnicas, en transparentar los contratos de generación, y en que se garanticen tarifas justas, además de la necesidad, como usuarios, de tener un suministro estable.
Desde las autoridades hasta las voces comprometidas con los intereses de Honduras, se insistió en enmarcar el debate en nada más la necesidad de país de que se aprobasen reformas energéticas profundas y estructurales centradas en la reestructuración total del subsector eléctrico y en la urgencia de que la ENEE supere su crisis financiera y operativa.
Pero teniendo despejada la hoja de ruta a seguir, eso no ha sido suficiente, ni en plazos ni en intenciones políticas, para que en Honduras la visión energética propuesta por la administración Asfura, le diese paso a un nuevo modelo, operativo, financieramente equilibrado, y, sobre todo, eficiente.
Ha sido una coyuntura, además, a la luz de esta urgencia nacional, de actuar comprometidos con el pueblo hondureño y no con intereses particulares o empresariales, dejando a un lado los debates político-ideológicos sobre un tema que en la última década y media se convirtió además de un problema socio económico, en un delicado asunto de soberanía y seguridad nacional.
¿Por qué se tuvo que dilatar tanto tiempo una intención de fomentar y regular la libre competencia para diversificar la matriz de generación hacia fuentes más limpias y económicas?
¿Había que negociar o ponerle condiciones a una propuesta de fortalecer las bases y los ejes del sector energético para que por fin se puedan desarrollar los esfuerzos para la construcción de políticas energéticas?
¿Ha sido necesario dizque que contratar expertos de otros lares, si las reformas que desde un principio fueron visibles al escrutinio público siempre estuvieron centradas en la reestructuración del subsector eléctrico, en frenar las pérdidas y en transparentar los contratos de suministro a través de licitaciones públicas y pensando en el equilibrio entre el rescate estatal y la seguridad jurídica?
La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no ha debido seguirse viendo como un problema pasajero ni exclusivamente financiero.
El subsector eléctrico de Honduras requiere una reestructuración profunda que solo será viable a través de una nueva política energética.
Urgimos una nueva matriz energética, más diversificada y sostenible, con mayor participación de fuentes de generación y mecanismos que favorezcan la eficiencia energética.
Eso es lo que permitirá disminuir costos y reducir la dependencia de fuentes más costosas o vulnerables a las fluctuaciones internacionales.
Rescatar a la ENEE exige un gran acuerdo nacional que coloque los intereses del país por encima de las diferencias políticas.
Una empresa eléctrica fuerte, moderna y financieramente sana es indispensable para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Las reformas pueden ser difíciles, pero posponerlas, como lo han intentado esta vez los malos hondureños, sólo aumenta los problemas y el costo que finalmente hemos tenido que asumir los que siempre salimos chamuscados y electrocutados.
