Y han transcurrido 910 días desde que aquel 27 de enero del 2022, cuando Xiomara Castro, al prestar juramento como presidenta constitucional de Honduras, le prometía al pueblo hondureño la inmediata instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción.

910 días, entonces, perdidos. 910 días de aguardar por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos que, como la corrupción y el crimen organizado, han flagelado y dañado a esta nación.

910 días perdidos, de solo escuchar el retumbar de la promesa empeñada, de que con la instancia internacional contra la corrupción, los más flagrantes escándalos de saqueo y dilapidación de dineros públicos no seguirían impunes.

Cuánta urgencia hay en Honduras de que aquí se construya, alguna vez en el tiempo, una institucionalidad legal y un marco punitivo para terminar con la rampante y criminal impunidad, pero cuánta frustración también ante las promesas de los políticos del patio, de los políticos de siempre, de los políticos que sin cumplir sus promesas siguen atando el país a las cadenas del pasado.

Por eso es que cada declaración, cada promesa o cada intención de la clase política, por ejemplo, de dotar al Estado de las armas para combatir las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones, no hacen más que generar el peligroso razonamiento de que aquel que lo promete todo, seguro no cumplirá nada, pero que si persiste en que cumplirá, terminará siendo capaz de recurrir a los medios más perversos sólo para seguir atizando las expectativas entre la población. 

Ahora que escuchamos a funcionarios de la actual administración queriendo desmarcarse del compromiso asumido de traer a la CICIH, solo podemos validar la máxima aquella de que el que promete todo seguro no cumplirá nada.

Las condiciones para la ahora eventual instalación de una estructura internacional que vendría a ayudarnos a combatir la corrupción y las conductas delictivas conexas están en la cancha de Naciones Unidas, dice la gente del gobierno de Honduras.

Ya solo nos quedará escuchar que la promesa de instalar una comisión contra la impunidad en nuestro país fue “trasnochada idea” de los también demagogos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. 

Han transcurrido hasta hoy 910 días, y la CICIH no aparece por ningún lado. Han pasado dos años y medio desde que la presidente Castro le prometió a los hondureños la instalación de la estructura internacional contra la corrupción e impunidad, y desde aquel día, 27 de enero del 2022, casi que no han dejado de salir a luz pública las mismas y ancestrales denuncias de conductas irregulares y reñidas con la ley.

Justo ayer el vocero del Ministerio Público revelaba la existencia de una investigación contra la exdirectora del Dinaf, Dulce María Villanueva, por presuntamente cobrar coimas de 5 mil lempiras por agilizar los procesos de adopción de menores de edad, en la ya por cierto, desparecida Dirección.

¿Acaso es que no quieren ver a los ladrones del erario tras las rejas y con el dinero robado de regreso a las arcas públicas? ¿O es que ya se echaron para atrás en la intencionalidad hecha pública de traer una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, y parar de una vez esa grosera concesión que a manera de tregua han tenido los delincuentes de cuello blanco para saquear a sus anchas los dineros del pueblo hondureño?, tal como sospecha la respetada diputada Maribel Espinoza.

Es responsabilidad de la actual administración, que lo prometió, hacer algo contra el flagelo que ha socavado el desarrollo democrático, que ha minado el bienestar de la población más pobre de Honduras.

La corrupción, lo volvemos a decir, le niega a la población en estado de mayor vulnerabilidad su bienestar y derecho a una vida digna, a la posibilidad de una mejor calidad de vida.

Es la inacción y la dubitativa actitud de las castas políticas y gobernantes, de turno y de siempre, lo que provocó en Honduras el enraizamiento de una estructura institucional y un marco legal débil y complaciente que le dio la espalda a los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y probidad administrativa.

Por ese comportamiento es que la corrupción erosionó el entramado social, debilitó la institucionalidad democrática, empeoró la ineficacia de las políticas públicas, provocó altísimos costos económicos y subyugó los retos y las intenciones que como sociedad pudimos en su momento haber enarbolado para combatirla.

Seguir haciéndose de la vista gorda, y postergando las acciones contra este flagelo y contra todas las conductas delictivas, sólo continúa perpetuando la crisis y atentando contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.