A menos de un mes de haber sido instalada la primera legislatura y tras el acuerdo alcanzado para poner fin al traumático episodio a que dio lugar la integración de dos juntas directivas, las actuaciones del Congreso Nacional han sido más erráticas que certeras.
Las propuestas introducidas para conocimiento de los legisladores están revestidas, en su gran mayoría, por una mezcla de populismo, cálculo de las alianzas políticas y -especialmente- falta de transparencia.
Pareciera que no existe una agenda definida para darle un empuje a aquellos cuerpos normativos que realmente tengan incidencia favorable en la población, la misma que expresó en las urnas sus expectativas de un adecentamiento de las tareas de elaborar, aprobar y reformar las leyes, en sinfonía con los intereses del país.
No hay nada que justifique el fomento de malaventuradas propuestas de ciertos grupos que terminan por violentar los derechos de las mayorías, destruir los principios jurídicos, romper las bases de la igualdad social y convulsionar la economía y sus principales actores.
Uno de los más recientes decretos que han sido concebido con mala dirección y extraviado espíritu es el paquete denominado “Supresión de Exoneraciones” que consta de cinco artículos y que -sin duda- causará más perjuicios que resultados provechosos si es aprobado.
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El proyecto, remitido por la Secretaría de Finanzas, introduce enmiendas a la Ley del Impuesto Sobre Ventas, con el fin de eliminar las exoneraciones al cobro a los servicios de construcción, a las compras de bienes y contratación de servicios, al arrendamiento de bienes inmuebles con opción a su adquisición y a las transacciones financieras y bancarias.
En este apartado, sobresale el cargo que sería aplicado incluso las operaciones de recepción de remesas, la expresión más fiel del sacrificio de los emigrantes hondureños que contribuyen a sostener la economía hondureña con su trabajo fuera de nuestras fronteras.
Una vez que dicha iniciativa sea aprobada por mayoría simple, quienes encomienden la edificación de viviendas y aquéllos que gestionen su compra, tendrían que pagar el 15 por ciento del Impuesto sobre la Venta.
También serían gravados los servicios bancarios entre los que se enumeran la emisión de constancias, las transferencias, los retiros en cajeros automáticos y otra serie de trámites.
En grandes trazos, éstos son los puntos más controversiales de la iniciativa que ha sido introducida en la Cámara Legislativa y que los diputados se aprestan a aprobar a la brevedad.
Pertinente es que, antes de darle fuerza de ley, el cuestionado decreto sea analizado en todas y cada una de sus partes, y en su impacto demoledor sobre el bolsillo de los hondureños, particularmente sobre la clase media.
La “Supresión de Exoneraciones” es un grosero “paquetazo”, cuyo peso pretende ser descargado injustamente sobre el pueblo hondureño. La desesperación por encontrar un alivio a las finanzas “en quiebra” del país, no es razón para “sangrar” a las mayorías, a las que nuestros políticos dicen defender en sus derechos y ponderar sus expectativas de vivir en un país en progreso con oportunidades para todos.
