No es suficiente con la generación de empleos ni con la creación de oportunidades en Honduras. Hay que hacer esfuerzos adicionales dirigidos a promover la transparencia y la llegada de capital en un terreno de seguridad jurídica.
En esos puntos críticos ha centrado su intervención en un encuentro empresarial, el delegado especial de la administración de Joe Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúniga.
El funcionario de la gestión demócrata ha enviado un mensaje claro y llano: Estados Unidos está del lado de quienes trabajan a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Ese discurso pronunciado con especial acento reiterativo, tiene una dedicatoria para el Gobierno de nuestro país, afectado precisamente por la corrupción y la impunidad.
Es una realidad que en nuestro país la corrupción es endémica y las acciones para combatir este mal son débiles, aisladas y condicionada por las maquinaciones de los deshonestos confabulados con los personajes que les protegen desde el poder.
Solamente el año pasado, las prácticas corruptas representaron para Honduras una pérdida de 3,000 millones de dólares, una estimación que se plantea sin que vayamos al fondo del impacto de dicho flagelo sobre el desmoronamiento de nuestra institucionalidad, la caída de nuestra economía y la exclusión social.
La corrupción es la principal de las conspiraciones contra el ambiente de inversiones, la generación de empleo, la movilidad en los estratos sociales y otros factores que son indispensables para que nuestro país avance hacia mejores estadios.
La pandemia ha provocado que el 80 por ciento de las empresas reflejen un balance negativo, debido a la estrepitosa caída de sus operaciones.
En ese mismo escenario de infortunios para nuestro país, la plaga ha dejado a por lo menos medio millón de personas desempleadas y 700,000 nuevos pobres.
Nos hemos hundido más, pero lo que resulta particularmente pernicioso es que nuestras autoridades siguen mostrando indolencia ante la necesidad de implantar las bases para la reactivación económica y el establecimiento de los principios del bienestar común.
En lugar de marcar el camino hacia el resurgimiento de Honduras, todo parece indicar que nuestros gobernantes, aliados con sectores oportunistas, empujan el deterioro del aparato productivo, porque no dan pasos hacia la elaboración de un nuevo modelo económico; lanzan a la población hacia peores condiciones de vida, y atizan la conflictividad social, cuando -a sangre y arena- se empecinan en la aprobación de leyes inconstitucionales y lesivas a nuestra soberanía como es el caso de la creación de las ZEDE.
Para nuestro país resulta imperioso reconstruir el sistema económico apoyado en la seguridad jurídica, la certidumbre y la competitividad en situación de igualdad y de inclusión.
Necesitamos que las empresas, en todas sus categorías y rubros, vuelvan a surgir con buenas perspectivas de producción de riqueza y de generación de trabajos en escala masiva, a la luz de una premisa que indica que un empleo y su correspondiente salario reduce en 40 por ciento el índice de pobreza que ahora mismo afecta a siete de cada diez hondureños.
Debemos regresar con decisión a debatir un Proyecto de País, pero que no se quede en puro papel como el mal logrado "Plan 20-20" que nunca cuajó por la falta de voluntad política y de transparencia que consume a Honduras. Hay que volver a las posiciones de batalla frontal contra la corrupción y la impunidad, que son las principales conspiraciones de nuestro desarrollo.
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