Siempre han gozado de impunidad los impíos personajes que se han recostado en el poder político y económico para hacer grandes negocios a través de la concesión de contratos.
Con la sociedad de grises sectores se ha dado sustento a convenios lesivos que han torcido nuestras leyes, agrietado las instituciones y perforado las finanzas del país.
Además, la suscripción de estos dañinos contratos han secuestrado las opciones de desarrollo del país, burlado los ejes de la competitividad y, peor aún, propinado una bofetada al pueblo, cuyas justas aspiraciones están apoyadas en que la gestión de inversiones de capital se traduzca en la colocación de los cimientos del progreso de Honduras y en el bienestar generalizado de la población.
Por virtud de las negociaciones mal habidas que históricamente se han institucionalizado, en Honduras han sido otorgadas, sin escrúpulos, la administración y la operación de proyectos y obras de trascendencia.
No les ha importado a los "bribones negociadores de contratos" haber comprometido nuestros más valiosos activos ni traspasado sus dividendos en detrimento de Honduras.
Tenemos acumulada una prolongada y vergonzosa historia de cesión de nuestro patrimonio. Han sido entregados nuestros puertos, terminales aéreas, puentes, carreteras y la generación de energía, para poner sobre el tapete de discusiones algunos de tales casos.
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Y con oportunidad de la emergencia sanitaria y de los eventos naturales que han generado mayores desgracias para nuestro país, los corruptos y sus co-partícipes no demoraron en entrar en arreglos torcidos de todo tipo.
Este desaguisado ha sido puesto en evidencia con la adquisición de una veintena de puentes bailey, valorados en seis millones de dólares, y la compra de hospitales móviles por 1,200 millones de lempiras, además de otros acuerdos de similares propósitos aviesos.
Lo que ha existido es un desfalco sistemático, consumado a través de contratos leoninos que son promovidos por las mismas autoridades de los Poderes del Estado, en contubernio con los operadores de justicia y los organismos de contraloría y procuraduría del país.
¿Por qué no decirlo? Estos pactos han sido efectivos con la venia de algunos de los organismos internacionales que han aprobado el flujo de recursos hacia Honduras, a sabiendas de que son utilizados en negociaciones ilegales y amañadas.
De más está decir que es impostergable entrarle a fondo, y sin temor, a la revisión de los contratos adjudicados por el Estado, desembrollarlos en todas sus implicaciones y renegociarlos a la luz de las leyes y de la legalidad, justicia y equidad.
Le tomamos la palabra a la presidente electa Xiomara Castro y al equipo de expertos que lideran sus comisiones de transición en diferentes áreas de la administración del Estado, de evaluar los convenios firmados con inconfesables propósitos.
Los honestos tenemos la obligación de formar filas para evitar que se consumen más hechos de corrupción en los que han tomado parte indeseables personajes, artífices de la adjudicación de contratos que han traído consigo perjuicios irreversibles para nuestra Honduras.
