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A inicios del mes de marzo el Consejo Nacional Anticorrupción ponía sus ojos sobre uno de los personajes que más poder concentró durante la administración de Juan Orlando Hernández: el otrora todo poderoso secretario de la presidencia y escudero de Hernández Alvarado, Ebal Díaz Lupián.



El CNA denunciaba así al que había sido la mano de derecha de JOH, por el irregular manejo y supuesta dilapidación de 69 millones de lempiras en un fallido proyecto habitacional conocido como casas contenedores, concebido para albergar a familias damnificadas por el paso arrasador de las tormentas tropicales Iota y Eta.



Pero la denuncia contra Díaz Lupián terminó quedando arropada por el manto oscuro del olvido y la inacción, ah, y también, de la impunidad. A pesar de la evidencia documentada por el organismo de sociedad civil, nada terminó sucediendo, y así entonces, todos felices, todo igual. Cuánta verdad contiene el dicho aquel que reza: “El que evita la denuncia invita a la felicidad”.



&nbsp;El Ministerio Público terminó engavetando la denuncia y el ex funcionario denunciado tuvo el tiempo suficiente para huir prácticamente a Nicaragua, en donde dicen, su vida es gratamente también, un lecho de rosas.&nbsp;&nbsp;



Un episodio más que expone a esta institucionalidad cooptada por ese falaz compadrazgo entre impunidad y falta de estado de derecho; la grave consecuencia de la ausencia del Estado como tal en su función punitiva. La inacción e inoperancia del tristemente anquilosado sistema judicial hondureño.



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La impunidad que ahora arropa al señor Ebal Díaz, como también a otros todopoderosos funcionarios de las últimas tres administraciones, claro que calan en el consiente colectivo. Dejan en evidencia a la institucionalidad y exponen un estado incapaz para asegurar las condiciones de legitimidad por las vías de la garantía de la justicia y la aplicación de la ley.



La bárbara ausencia del Estado en su función punitiva y la gravísima degradación, más de lo que ya estaba, de este sistema inquisitorio que NO tenemos, y de las instituciones delegadas para impartir una justicia que NO se imparte.



Un triste capítulo en la historia de Honduras, sin duda. Y muy triste porque como pasó con el ex presidente Hernández, con el ex jefe de la policía, los últimos dos extraditados a Estados Unidos, son otros y foráneos sistemas inquisitorios, los que tienen que actuar frente a la ineficacia procesal y la inoperancia de las autoridades hondureñas,&nbsp; responsables de garantizar el debido proceso y la impartición de justicia que a la vez nos protegería como sociedad de una impunidad rampante que en los últimos tiempos no ha hecho más que incrementar nuestro sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la población nacional.



Es muy grave lo que estamos viviendo en Honduras. El hecho de que no tengamos casi que ninguna certeza de que los responsables de los robos más descarados y viles cometidos vayan a enfrentar la justicia, se fundamenta en que más casos como el que involucra a Ebal Diaz van a quedar en la impunidad.



Miren si terminaron cayendo los responsables intelectuales de la gran estafa de los hospitales móviles para enfermos de covid. ¿Para que terminó sirviendo la tal amnistía política para las supuestas víctimas del golpe de estado del 2009?



&nbsp;Al pueblo hondureño lo tiene manos arriba este sistema de justicia lastrado por la complicidad de políticos y operadores. La impunidad&nbsp; se ha convertido en Honduras en un acicate que fomenta la comisión de más y nuevos delitos: atiza acciones delincuenciales que quedan sin castigo y que más bien estimulan y escalan hacia otras y peores prácticas de criminalidad.



Evidencia, muy a nuestro pesar,&nbsp; un bárbaro vacío dentro de nuestro sistema de justicia: la expresión más elemental de la inexistencia de responsabilidades penales, exhibido por su ineficacia, corrupción, contubernio con los grupos delincuenciales e indiferencia ante los agravios que la injusticia contenida en la impunidad ha generado.

Editorial HRN: Corrupción, impunidad, ¿y el Estado de derecho?

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