Bueno. Lo que ya decidieron en el Congreso con la Junta Nominadora quedó atrás, pero lo que se viene con la selección de candidatos y elección de los jueces del máximo tribunal de justicia del país, se vuelve todavía más trascendental. Con la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia, lo hemos dicho reiteradamente, Honduras se juega su presente y futuro.
¿Y cómo no va a estar en juego el futuro de los hondureños si nuestra democracia, la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico descansan sobre un entramado constitucional, garantista de estabilidad, confianza, seguridad e institucionalidad?
De ahí el celo y el recelo que la sociedad hondureña guarda con este proceso de integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. Es que es mucho lo que está en juego para Honduras.
Es que de la selección y escogencia de magistrados y jueces independientes e imparciales, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes, depende nuestro futuro. Y no es una exageración ni mucho menos un drama, afirmarlo.
Pero para tener un máximo tribunal a la medida de la justicia y la imparcialidad, sometido únicamente a la Constitución y las leyes, es imperativo mantener a raya la injerencia partidista en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema.
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Es que los partidos políticos siguen y seguirán metiendo las manos en el proceso de selección de candidatos y elección de los magistrados. Es que es mucho lo que ellos se están jugando también, y lamentablemente, sus intereses no siempre están alineados a los intereses de las mayorías, y más bien parecen cada vez más alejados del bien común. Hoy estamos viviendo un momento histórico.
Se trata de la reconstrucción o edificación del andamiaje constitucional e institucional que puntualmente en su entramado jurídico y legal, requiere de la selección de operadores de justicia probos y garantes del Estado de Derecho; hombres y mujeres cuyo perfil más visible sea la meritocracia e idoneidad; ciudadanos y ciudadanas confiables, imparciales, de probada honradez y vocación de servicio.
Los y las que tal como lo refiere el artículo 303 de la Constitución de la República, estén dispuestos incluso a ofrendar sacrificio y vida por la autoridad abrogada de impartir la justicia que emana del pueblo y en nombre del Estado de Honduras.
Hombres y mujeres independientes y sometidos únicamente a la Constitución y las leyes. ¿No era acaso ese el único y sólo perfil que los diputados reunidos en el hemiciclo legislativo debían y tenían que ponderar y deliberar?
Quizás esta vez, los padres de la patria han dejado pasar esta primera oportunidad de construir el nuevo orden para seleccionar a togados probos y competentes, sometidos a la Constitución y las leyes, y no a los partidos y poderes del Estado que los promuevan. Pero aún hay tiempo para enmendar el error que ahora se pudo cometer. Dice un dicho que es mejor aprender a corregir errores que aprender a fingir perfección.
Pero si por fin queremos como sociedad, todos, políticos, gobernantes, empresarios, trabajadores, académicos, medios de comunicación, una Corte Suprema de Justicia independiente del sectarismo y sus males, de los intereses gremiales y particulares, sí capaz de ejercer la acción punitiva del Estado y garante de los derechos de la población, este es el momento de lograr un proceso de selección y elección que privilegie el mérito y la integridad de hondureños y hondureñas que enarbolen todas las virtudes y calificaciones posibles.
