El Consejo Nacional Electoral ha emitido la declaración de los comicios celebrados el 28 de noviembre en los niveles presidencial y de diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), además de poner de relieve la masiva participación de los ciudadanos convocados, así como la transparencia de la consulta popular.
Sin embargo, no podemos desconocer que el proceso ha sido salpicado por las denuncias de adulteración de actas de cierre, sobre todo en el nivel de diputados al Congreso Nacional, en demérito del pronunciamiento contundente, claro, inequívoco e inapelable de más de tres millones de ciudadanos que acudieron a las urnas en cumplimiento de un deber y un derecho ciudadano.
Los indicios del "manoseo" de los políticos de siempre, acostumbrados a trastocar el conteo de los votos y alterar los resultados, son una vergüenza y un acto delictivo en perjuicio del sistema político basado en la decisión de las mayorías.
Los hechos irregulares cometidos en el proceso que ha terminado el domingo 28 de noviembre, retratan la descomposición moral y la baja estatura ciudadana de quienes fuerzan por entrar en el nuevo Poder Legislativo, contra "viento y marea".
¿Acaso no es penoso y aborrecible que muchos políticos ambiciosos, desleales y deshonestos hayan movido sus teclas para inflar urnas y cambiar la decisión política de los hondureños?
¡Y todo por revertir la fuerza ciudadana de los sufragios depositados en las urnas y suplantar un cargo de elección popular! Es un delito infame que refleja la ambición desmedida, la ruindad moral y la degradación de principios de algunos de los aspirantes políticos que corrieron para las elecciones generales, particularmente en el nivel legislativo.
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¡Qué espectáculo el que han protagonizado ciertos líderes y dirigentes que entraron en una lucha descarnada y que fueron acusados de falsificar documentos electorales, con la intención de hacer descender de posición a sus contendientes para arribar ellos a una plaza de poder!
El Consejo Nacional Electoral puso a disposición todos los recursos para revisar voto por voto y acta por acta, mientras la Fiscalía tiene abierto un expediente de investigación específico para la deducción de responsabilidades a los autores y cómplices de delitos electorales. En la práctica, son decisiones que se asemejan más a una mera “declaración no vinculante” o a una simple proposición de coyuntura.
Nos preguntamos: ¿Cuáles son los resultados de esta intervención? ¿Quién o quiénes serán procesados y juzgados por los ilícitos relacionados con el ejercicio comicial?
¿Cómo van a ser resarcidos los daños causados a la democracia de Honduras y a los ciudadanos que el pueblo eligió, pero que resultaron afectados por las inescrupulosas maniobras de los que cometieron o intentaron consumar un fraude, mediante el abultamiento de las urnas y el falseamiento de los resultados?
Es imperioso que se siente un precedente y que no haya impunidad para semejantes malabares de los politiqueros que buscan apegarse a las elecciones "estilo Honduras" del pasado y usurpar el poder otorgado por los ciudadanos.
