Es nefasto el precedente que se ha sentado en oportunidad de los comicios internos y primarios celebrados el 14 de marzo.
Los hondureños habíamos afincado nuestra esperanza en que dicha consulta resultara en un auténtico ejercicio cívico y en un legítimo reflejo de la voluntad del pueblo.
Ha sido, sin embargo, un capítulo aciago en la vida institucional del país, una expresión de la podredumbre de la clase política y un episodio de maniobras, cálculos y fraude electoral.
La avalancha de denuncias en el interior de todos los partidos políticos nos da la medida dela defraudación cometida en los comicios del mes anterior, propiciada por los mismos líderes y dirigentes, y tolerada por el órgano colegiado que rectora los procesos de consulta, el Consejo Nacional Electoral.
Lo que no debemos admitir los ciudadanos de este país, es que en noviembre se geste un capítulo semejante, lleno de vergüenza por sus objetivos desviados, de burla a las leyes y de impunidad para los mañosos que abusan del poder.
La reacción de la ciudadanía debe ser contundente, inflexible e implacable para evitar que los que montaron la espuria elección primaria avancen en su propósito de imponer candidatos en cargos de elección, mediante la manipulación de los resultados en las urnas.
De lo contrario, vamos a llevar a Honduras a la condición de un país donde no existe la democracia y donde lo que prevalece es el poder de grupos fácticos.
El error capital que nos tiene en una acentuada crisis es haber permitido que los políticos en el Congreso Nacional realizaran sus maniobras, entablaran sus conciliábulos de siempre y le dieran rienda suelta a las conspiraciones contra las reformas electorales que era necesario adoptar para impedir la contaminación de las justas del 14 de marzo.
No podemos esperar que cambien las posiciones de los politiqueros, que son los más en el Poder Legislativo, a menos que haya una honrosa rectificación de sus obras y se abra undebate honesto alrededor de profundas enmiendas en el esquema electoral de nuestro país.
Creemos que es el tiempo de darle un golpe de timón a los procesos de consulta popular y a su administración para que éstos tengan verdadera legalidad y legitimidad.
Es procedente debatir decididamente en torno a todas aquellas propuestas tendientes a profundizar la democracia. En la agenda ha quedado pendiente el tema de la segunda vuelta, en aras de que el mandatario sea electo con el porcentaje alto y representativo, más no con la proporción de sufragios registrada en los últimos procesos, que han concluido con la investidura de gobernantes ilegítimos que obtienen un pírrico respaldo ciudadano.
Tampoco hay que renunciar a una discusión amplia sobre el voto revocatorio que se define como la oportunidad de reivindicar el derecho político de los ciudadanos a pronunciarse acerca de ponerle fin a la gestión de los gobernantes.
En el tintero están desde hace mucho tiempo otros temas de reforma como son el continuismo en el ejercicio del Poder Ejecutivo, la existencia de los partidos emergentes, la certificación de los candidatos, la integración de las mesas receptoras de votos, la depuración del censo, la auditoría de los recursos destinados a las campañas proselitistas, los mecanismos de escrutinio de sufragios y la transmisión de datos; en suma, una democracia legítima y participativa.
Porque la expresión de la voluntad popular ha sido pisoteada por los usurpadores del quehacer político en Honduras, que han desdeñado el poder de los ciudadanos.
No podemos seguir viviendo en una falsa democracia. ¿O debemos guardar silencio ante las marrullerías, hipocresía y ruindad de nuestros políticos e instituciones electorales y partidarias contaminadas? Los ciudadanos tenemos la voz y el voto para demandar que se corrijan semejantes entuertos contra la voluntad de las mayorías.
