Este comportamiento lo sufrimos cuando el país recibió, por partida doble, los golpes de las tormentas tropicales Eta y Iota hace cuatro años. En esa eventualidad, los políticos no tuvieron turbación alguna; tomaron protagonismo por encima de la gestión de riesgos y contingencias.
Esta historia parece que se ha replicado con ocasión de la tormenta tropical Sara que ha dejado dos muertos, más de 100,000 compatriotas afectados, cerca de medio centenar de municipios impactados, carreteras cortadas, puentes colapsados, al menos cuatro centros de salud dañados, dos centenares de escuelas deterioradas en diversos grados y pérdidas que todavía no son cuantificadas en el sector productivo.
Las denuncias de alcaldes de diversos municipios golpeados por el fenómeno natural se multiplican en cuanto a la falta de apoyo, el retraso en la transferencia de recursos para atender emergencias y la distribución selectiva de ayuda por razones políticas.
Por encima de todo, es muy alto el costo que Honduras tiene que pagar por la falta de previsión en cuanto se refiere al desarrollo de obras que permitan reducir los efectos de los eventos atmosféricos que literalmente han hecho que nuestro país se hunda.
Los proyectos encaminados a mitigar el paso de destrucción de las tormentas y huracanes no han sido concretados por la desidia y la falta de visión de quienes han tenido la atribución de administrar el Estado de Honduras en distintos momentos de nuestra historia.
Los fenómenos naturales ocasionan anualmente pérdidas por 220 millones de dólares, con una huella de destrucción en el aparato productivo y en la infraestructura vial.
Son mayores las pérdidas que nuestro país acumula en cada temporada ciclónica que trae consigo la destrucción de puentes, carreteras, centros de salud y edificios escolares, lo mismo que la devastación de áreas cultivadas y de la población ganadera.
Las contingencias nos dejan consecuencias más severas, de manera que el tema del cambio climático y sus derivaciones tiene que ser tratado con urgencia, oportunidad, visión y seriedad por parte del Gobierno, sin intereses político-sectarios ni improvisaciones.
La población que resulta afectada por las inundaciones, los derrumbes, los deslaves y desgracias colaterales, como acontece estos días, demanda una intervención planificada ante la inclemencia de la naturaleza, no la distribución discriminatoria de la ayuda, ni la transferencia selectiva de recursos financieros en tiempos de tempestad.
Tampoco caben los mensajes que hacen alusión a los gastados contrastes entre la gestión de Libre que proclama la refundación y la administración pasada.
¡Nuestro país se hunde! ¡Los hondureños demandamos una acción planificada en la gestión de riesgos frente a la inclemencia de la naturaleza!
