Por la víspera podemos deducir el matiz sectario que puede caracterizar la elección del fiscal general del Ministerio Pública y y de su adjunto.
Apenas han sido convocadas las instituciones que integran la Junta de Proponentes de los aspirantes a ocupar los cargos más altos del Ministerio Público, pero ya han aflorado encarnizados enfrentamientos en su interior.
Uno de esos brotes hostiles se ha producido en el seno del Colegio de Abogados, algunos de cuyos directivos han sostenido enconadas discusiones y cruzado términos de descalificación, luego que el presidente del gremio, Rafael Canales, denunció que el proceso es una farsa y una burla al pueblo hondureño.
En verdad, lo que perciben sectores críticos de opinión pública es que la elección de los puestos de liderazgo del Ministerio Público está “desprestigiada” desde ahora, porque ya “todo está decidido”.
Si es así, entonces los juegos de los políticos ya están consumados. Ellos ya conocen qué personajes, afines a su divisa, serán ungidos para dirigir la Fiscalía de la República.
Es ilusorio pensar que los grupos de poder político y sus socios tengan la intención de sujetarse a las mínimas reglas de transparencia en la elección de los puestos clave del Ministerio Público. Ya lo demostraron en el turbulento nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que sólo fue posible cuando los partidos Nacional, Liberal y Libre se pusieron de acuerdo en la repartición de las cuotas de influencia en el Poder Judicial.
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Estos mismos sectores interesados están ahora a la caza de los cargos de jerarquía del Ministerio Público, con el objetivo de que las piezas que ellos logren mover en esa institución cumplan con su papel de “guardianes de la impunidad”.
Históricamente, la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto ha sido tumultuosa, manipulada y desarrollada conforme a reglas no “muy limpias”, a pesar de la demanda de la población de fortalecer la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.
Porque son los políticos, en mancomunidad con grupos de dominio económico, quienes han “metido sus manos” y desviado al Ministerio Público de su razón de existencia que no es otra que la de defender los intereses de la sociedad.
No ha habido en nuestro país una intención honesta de rescatar el ejercicio de la acción penal, mediante la construcción de un frente para la persecución del delito y la lucha contra el crimen organizado, la impunidad y la corrupción.
El peligro es que, una vez más, el legítimo propósito de enderezar y traer por su verdadero camino al Ministerio Público se pierda y se privilegien la politización y los caprichos de grupos particulares. Por la víspera, así ocurrirá. ¡Qué pena para un país que clama por el imperio de la ley!
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