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Las estadísticas no pueden ser más deprimentes. Los propios datos oficiales señalan que más del cincuenta por ciento de la población económicamente activa enfrenta problemas para encontrar trabajo; esto es, más de dos millones de hondureños.



La desocupación es un asunto complejo y, por lo mismo, no es fácil ofrecer respuestas integrales, mucho menos cuando el país enfrenta una caída de las exportaciones; y una pérdida de las reservas internacionales que hoy día cubren menos de cinco meses de importaciones.



La inversión privada es casi nula y, de remate, la inseguridad jurídica se ha profundizado con la invasión de alrededor de 46,000 hectáreas que ha provocado pérdidas por 2,400 millones de dólares.



La incidencia de estos factores, en su conjunto, son un obstáculo para el surgimiento de nuevos emprendimientos y la creación de puestos de trabajo o la reactivación de los espacios laborales suspendidos.



Lo cierto es que, para cambiarle la fisonomía al problema del desempleo, se requiere abrir plazas para cubrir al menos el 40 por ciento de la población económicamente activa.



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Esencialmente, las políticas púbicas tendrían que estar dirigidas a fomentar el sector productivo, la competitividad y la diversificación de los rubros de inversión de capital.



Lejos de imprimirle ese ritmo a la actividad económica, se ha incentivado el consumo. Para el caso, el financiamiento de la banca ha estado históricamente orientado en un 90 por ciento al gasto y únicamente el 10 por ciento a generar riqueza y potenciar nuevos puestos laborales.



Un factor de interés en el análisis del tema es el decaimiento que refleja el sector agrícola, un rubro que hasta 2023 reportaba una población de 300,000 cultivadores menos en comparación con cinco años atrás.



La actividad de la infraestructura también ha sido una fuente de generación de empleos, pero de carácter eventual y no permanente como debería ocurrir, con vistas a aliviar la situación de los hondureños desempleados.



La industria maquiladora, de su lado, reporta unos 145,000 puestos de trabajo, en contraste con los 179,000 que tenía activos unos 12 años atrás.



Falta una política de empleo que involucre al Gobierno, la empresa privada y la clase obrera; es un imperativo recuperar los niveles de inversión de recursos foráneos y nacionales y hay que terminar con la invasión de activistas que llegan a incrustarse en la administración pública para devorar los anémicos recursos del fisco sin generar productividad.



Hay que generar empleo, reducir la pobreza, atraer flujos de capital, restablecer la seguridad jurídica y apostarle a la productividad y a la competitividad, por encima del fuerte traumatismo que sufre Honduras, cuando se le proyecta como un país entregado en manos de la corrupción y del crimen organizado.



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