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Uno de los abusos que son atribuidos a los funcionarios de primera, segunda y hasta de cuarta categoría es el gasto que causa todo el aparato desplegado para su seguridad y la de su extensa parentela.



Los burócratas, diputados y magistrados, entre otros personajes, tienen asignado todo un contingente de policías y un ejército de militares que se encargan de resguardar su integridad física y de cuidar a sus esposas, amantes, hijos y otros allegados.



Se trata de “otro” esquema de seguridad que funciona a la par de los operativos y estrategias de combate a la delincuencia común y al crimen organizado.



Convenimos en que es un viejo tema que pone en evidencia las arbitrariedades de los políticos, pero que siempre ha terminado en puras discusiones, jamás en medidas tendientes a racionalizar los recursos humanos, logísticos y operativos del sector seguridad.



Los datos más conservadores reflejan que son cerca de mil elementos, tanto de la Policía Nacional, como de las Fuerzas Armadas, los que tienen la misión de cuidar las espaldas de ministros, directores, magistrados, fiscales y otros cargos.



En este punto tienen su génesis las críticas de criminólogos y analistas independientes. Todos ellos sospechan, con conocimiento de causa, que la mayoría de los diez mil elementos más que la Policía Nacional ha anunciado que contratará en el corto tiempo irán al esquema de protección de los servidores públicos.



Es un contrasentido que mientras la población en general vive en zozobra, a merced de las bandas de los malhechores, una colectividad numerosa de agentes del orden tenga la tarea no sólo de resguardar a funcionarios, sino hasta de cargar sus maletines, carteras y otras pertenencias.



La Secretaría de Seguridad está bajo el cuestionamiento por los resultados de las estrategias contra las estructuras delictivas que tienen extendidos sus tentáculos en todo el país.



Y es que no se perciben como efectivas las intervenciones de los cuerpos del orden y de investigación, muy a pesar de las estadísticas oficiales que ponderan una reducción de 30 por ciento en los homicidios y de 50 por ciento en el asesinato de mujeres, además de la baja en la extorsión y otros delitos mayores.



La violencia criminal solamente será enfrentada con buen suceso si el abordaje es integral, apoyado en una estrategia pública que ataque las estructuras delictivas, que incluya un esquema continuo de evaluación y adecentamiento de los funcionarios policiales, muchos de los cuales se han aliado con las redes de forajidos.



Porque la asignación de los efectivos de <a href="https://www.radiohrn.hn/como-usar-cbp-one-para-ingresar-legalmente-a-estados-unidos-2024-07-14">unidades especiales </a>de protección y de investigación, debe obedecer a una política de seguridad y no simplemente a un programa de protección de parasitarios servidores de la Administración Pública.



El éxito de las estrategias contra la inseguridad depende mucho de una estrategia coherente, sólida y efectiva. Es evidente que, en este cometido, existen desaguisados que hay que corregir.

Editorial HRN: El otro esquema de seguridad