Es la de nunca acabar. En nuestro precario sistema de salud, los pacientes, la mayoría con enfermedades crónicas, tienen que atravesar por un verdadero viacrucis por la falta de medicamentos o, en el mejor de los casos, el acceso parcial a los mismos.
Es un problema grave y, además, recurrente. La población que asiste a los hospitales públicos no tiene certeza del suministro oportuno y pronto de las medicinas que necesita para tratar sus dolencias.
Ese mismo contratiempo se presenta en el Seguro Social, no obstante que los empresarios y los trabajadores aportan una suma mensual en su condición de patronos, unos; y de derechohabientes, los otros; todo ello para garantizar que los pacientes cuenten con sus recetas médicas despachadas.
Con suma frecuencia escuchamos las enérgicas denuncias o el sentido clamor de los enfermos que hacen extensas filas pararetirar los fármacos prescritos por los médicos.
Con surte, los pobladores con diferentes problemas de salud reciben una parte de las medicinas indispensables para recuperarse de sus quebrantos. El resto tienen que ser financiadas por los pacientes.
Nuestro país tiene una población mayormente enferma, con porcentajes muy altos de hipertensos, diabéticos; otros con diagnóstico de cáncer o con insuficiencia renal, para citar nada más algunos ejemplos.
Y los medicamentos para el abordaje de tales problemas de salud son adquiridos a precios inalcanzables en la red de farmacias privadas, lo que repercute en que muchos de nuestros compatriotas abandonen los protocolos de atención de sus enfermedades y que no tengan más opción que "dejarse morir".
Por desventura, la pandemia del covid-19 ha venido a agudizar el estado de la población con problemas crónicos o con condiciones preexistentes; además, a darle el tiro de gracia a nuestro aparato de salud, carcomido por la falta de medicinas, de insumos, equipo y personal especializado, sin contar con la metástasis administrativa y de operación que le aqueja desde siempre.
Todas estas circunstancias han sido constatadas por organismos de la sociedad civil y por el Comisionado de los Derechos Humanos, en lo que respecta a una garantía elemental como es el acceso a la salud equitativa y de calidad.
Los hondureños más necesitados no tienen esperanza de gozar de una atención humanitaria y solidaria en nuestro aparato asistencial púbico. La precariedad es de tal dimensión que nuestros semejantes fallecen en el abandono en un sistema de salud agónico por sí mismo.
Nunca como ahora, nuestra atención en salud había estado en tal circunstancia de podredumbre ni enredada en las inútiles o poco efectivas actividades de todas las comisiones que han sido nombradas para encontrarle cura a las calamidades del sector.
El sistema de salud está en coma, un estado al que ha ingresado sin posibilidad de reversión. El clamor de los enfermos no ha tenido eco, más bien, su situación empeora cuando el Gobierno no actúa con oportunidad.
¡Que la justicia se haga para los hondureños afectados por todo tipo de enfermedades, sin acceso a medicinas y lacerados por la indiferencia de quienes tiene el deber de procurar salud de calidad para todos!
