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La depuración de la Policía Nacional es un capítulo que todavía no ha terminado de ser escrito. Quizás haga falta mucha tinta para registrar las historias de vergüenza protagonizadas por algunos elementos de diversa jerarquía de la institución del orden, activos o en condición de retiro o de baja deshonrosa.



Hace no más de una semana se conoció que tres oficiales están involucrados en la sustracción de un millón 200 mil lempiras de la vivienda de una ciudadana extranjera en Gracias, Lempira, una suma que la víctima había retirado de una agencia bancaria.



Y en el occidental departamento de Santa Bárbara fueron detenidos un oficial y dos ex miembros de la Policía Nacional, señalados de integrar una peligrosa banda, en posesión de droga y de armas de fuego de uso prohibido.



Estos dos expedientes bastan para establecer que todavía queda mucho camino por recorrer en materia de adecentamiento de las filas de la institución a cargo de la seguridad pública.



El cuerpo del orden sigue contaminado por malos elementos que cayeron en las garras del crimen organizado y que se convirtieron en el brazo ejecutor de las redes delictivas de gran espectro.



La podredumbre en que se ha visto sumida la Policía Nacional y que en el pasado inmediato dio lugar a la integración de una Comisión para la Transformación y Depuración de la entidad, no ha terminado; persiste. Es un cáncer que no ha sido extirpado y cuyas células siguen reproduciéndose.



La institución del orden ha pasado por una metamorfosis desde los años cuando florecieron los temidos cuerpos de inteligencia o escuadrones de la muerte, hasta la conformación de carteles, pasando por la época oscura de las desapariciones.



Conocemos que en el pretérito reciente fueron impulsadas, con relativo denuedo, intervenciones destinadas a sacar las “manzanas podridas” del cuerpo policial y sentar los pilares de una nueva generación de elementos comprometidos con su misión de servir y proteger.



En su informe sobre la operación de limpieza en el ente que tiene la finalidad de combatir la delincuencia común y la criminalidad organizada, los interventores expusieron que unos seis mil uniformados fueron separados en un lapso de tres o cuatro años, habida cuenta su falta de idoneidad, su divorcio de las leyes y sus faltas imperdonables ante la sociedad hondureña.



Pero el cometido de separar de sus puestos a los malos funcionarios todavía está lejos de ser consumado como se deduce del creciente número de hechos delictivos de toda laya en los que están incriminados elementos activos, retirados o dados de baja de la entidad del orden público.



Informes de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), ponen al descubierto que en 2019 más de 900 expedientes fueron abiertos para darle seguimiento a las denuncias con indicios de responsabilidad penal contra miembros de la institución.



El adecentamiento del organismo creado para servir y proteger es un objetivo que no debe dejarse de lado. No es posible bajar la guardia ni aflojar cuerdas para descontaminar a la Policía Nacional de todos aquellos integrantes indeseables que ensucian la imagen de la institución y que destruyen la confianza de toda la población en las dependencias de seguridad del Estado.



Porque estos personajes tienen implantadas las raíces de la corrupción en la entidad, cuyo fin último es combatir el delito, perseguir a los criminales y proteger a la ciudadanía.



Los hondureños abrazamos la expectativa de que la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Asuntos Disciplinarios y la Comisión Interventora para la Transformación y Depuración, concluyan la obra de combatir la criminalidad y la corrupción dentro de la Policía Nacional.



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