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Una sentencia es inapelable: La falta de empleo trae mayor pobreza. Y esta declaración se cumple a cabalidad en Honduras.



Los datos revelados en un informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), no dejan lugar a dudas. En tanto en nuestro país se han deteriorado las condiciones para atraer la inversión y abrir opuestos laborales, más hondureños se deslizan hacia la línea de la pobreza y de la indigencia.



Como resultado de la urgencia epidemiológica que nos sorprendió en marzo de 2020 y que se ha prolongado hasta estos días, un millón 800,000 personas más han caído en el rezago social o en la miseria. La pandemia nos ha dejado casi dos millones de nuevos pobres.



Paralelamente, siete de cada diez compatriotas no han podido insertarse en un puesto formal, sino que se han visto forzados a buscar una ocupación en la economía irregular, en circunstancias de precariedad.



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Honduras se encuentra en los primeros escalones entre los países con la tasa de desocupación más alta y, consecuentemente, con la relación más elevada de pobreza.



El calvario de la mayoría de la población tiene otras trazas: Siete de cada diez hondureños en edad de trabajar están desalentados, porque han estado en espera de hallar un trabajo digno, pero ya perdieron todas las esperanzas de encontrarlo.



Para los jóvenes, la adversidad no tiene semejanza. Son los más impactados por el desempleo, como lo ratifican los datos que apuntan que la mitad de los desempleados son personas de 25 años y menos.



Las variables a que hemos hecho referencia son una expresión del fracaso de las disposiciones sociales y económicas puestas en marcha en las diferentes administraciones gubernamentales.



Poco les ha importado a nuestras autoridades crear un ambiente amistoso para la inversión nacional y extranjera, requisito primordial para la apertura de empleos; aprobar leyes que dinamicen la economía; tampoco ha habido un compromiso con una política de justicia y equidad social.



¡Qué pena que nuestros gobernantes en el pasado no hayan cumplido las tareas necesarias para construir una economía competitiva, impulsar robustamente la generación de puestos de trabajo y aliviar la pobreza que ya sobrepasa el 70 por ciento.



¿No es tiempo de que los hondureños, en su conjunto, exijamos a quienes dirigen actualmente los destinos del país la adopción de políticas públicas enfocadas en la búsqueda del bienestar colectivo y el progreso?



Ello implica la ejecución de acciones concertadas entre el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil, cimentadas en la equidad social, la seguridad jurídica y el desarrollo económico sostenido.