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Los tributos que pagamos los hondureños no son distribuidos de acuerdo con las prioridades del país, tampoco son enfocados como debería ocurrir a los sectores que generan desarrollo económico, productivo y social.



Se imponen la inequidad fiscal y el desbalance en la administración de los recursos. Los ingresos por el pago de impuestos son desparramados groseramente, pese al sacrificio que representa el hecho que 40 de cada 100 lempiras del presupuesto provienen del pago de obligaciones al fisco.



En promedio, 14,000 millones de lempiras han ingresado cada mes en concepto de impuestos; de esta suma, ocho mil millones han sido destinados para los sueldos y salarios, y otros 6,500 millones han sido orientados al servicio de la deuda pública.



No hay alivio de la pobreza ni un repunte significativo en la actividad económica, pero sí hay un sostenido debilitamiento del lempira frente al dólar y, con ello, una espiral inflacionaria que impacta en la población desposeída.



<h2>¿Equidad fiscal y desarrollo económico?</h2>



Sigue siendo urgente un pacto fiscal, un diálogo por la inversión y el empleo y una concertación de discursos entre los representantes de la iniciativa privada y el sector oficial.



En desprecio de esta necesidad, el Gobierno ha mantenido un desbocado gasto corriente y una pobre inversión pública. Es un mandato preservar la salud de las finanzas que incluye la contención de los egresos y la utilización racional de nuestros limitados recursos.



Hay que establecer una verdadera justicia tributaria que esté fundamentada en los principios de igualdad, proporcionalidad y disciplina, no en los tintes político-sectarios del esquema que el Gobierno del Poder Popular se ha dado a la tarea de proclamar con empecinamiento.



Ese punto de inflexión es el que no ha podido encontrar los responsables de la política económica y financiera. Honduras tiene altos índices de desempleo, una pobre capacidad para atraer inversión, bajos niveles de competitividad y una presión tributaria asfixiante que ronda entre el 18 y el 19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



En esta lista de observaciones críticas se encuentran la toma de decisiones fiscales tardías y la falta de eficiencia en el manejo del presupuesto, cuya ejecución no alcanza ni el 50 por ciento, en tanto que &nbsp;la inversión pública alcanza apenas el 30 por ciento.



Sabemos que es apremiante abrir una concertación sobre las herramientas de política fiscal y económica. Para ello, deben anteponerse los criterios técnicos y la tolerancia, nunca las actitudes absolutistas. Lo primordial es crear un entorno favorable para la justicia social y el desarrollo económico.



Lamentablemente, los gobernantes están más preocupados por sembrar la desconfianza en los procesos democráticos, la descalificación de la democracia, el odio, la revancha y las confrontaciones irracionales que nada más derivan en más pobreza, corrupción y destrucción.



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Editorial HRN: Equidad fiscal y desarrollo económico con justicia

Editorial HRN: Equidad fiscal y desarrollo económico con justicia

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