A todas luces, es una bofetada para el pueblo hondureño que un grupúsculo de burócratas gocen de sueldos estratosféricos, pese a su gestión de resultados mediocres y en momentos en que el país atraviesa por una crisis sin precedentes.

Esta semana se ha denunciado la osadía que han tenido los señores interventores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de aprobar a su favor un aumento de 50 mil lempiras.

De ahí se deduce que estos funcionarios se llevan, en su conjunto, más de 500 mil lempiras mensuales que no se justifican, porque su desempeño está en predicado, en virtud de su gris balance al frente de la estatal eléctrica, hundida en una verdadera catástrofe financiera.

No es el único expediente al que se puede hacer referencia. Cada uno de los interventores de Inversiones Estratégicas (Invest-Honduras), devengan la bicoca de 207,000 lempiras que se traducen en una suma superior a los 600 mil lempiras que los hondureños les pagamos a tales burócratas cada mes.

Viene a colación que hace unos meses, estos personajes se atrevieron a decir que cuando asumieron sus cargos no tenían conocimiento de cuál sería su pago por relevar al ex director, Marco Bográn, acusado de múltiples delitos por las compras de emergencia realizadas con motivo de la pandemia.

Es semejante la comparación que podemos establecer en lo que toca a los interventores del Seguro Social que ya llevan varios años incrustados en esas funciones por las cuales reciben abultados emolumentos que no merecen, a juzgar por los miserables frutos obtenidos, tras el saqueo sufrido por la institución.

Las comisiones interventoras nombradas por el gobierno han demostrado ser estructuras parasitarias, de resultados inútiles y generadoras de corrupción, en particular en la presente jornada que libramos, dominada por el hundimiento de nuestra economía y el deterioro de las condiciones sociales de nuestra gente.

En la estructura burocrática también hace mella un pequeño grupo integrado por una veintena de privilegiados funcionarios y asesores que ganan más de 200 mil lempiras cada mes. Se agregan a este vergonzoso recuento unos 30 empleados de categorías superiores e intermedias que reciben más de 100 mil lempiras por su infecunda ejercicio público.

¡Qué paradojas las que se imponen en nuestro país, inmerso en los peores aprietos ocasionados por la pandemia y por el arrollador desplazamiento de las tormentas Eta y Iota!

Mientras un sector de burócratas-políticos reciben salarios que son una verdadera ofensa para el pueblo hondureño, la mayoría de los empleados públicos devengan -en su escala más alta- entre 25 mil y 30 mil lempiras y los dirigentes obreros se preparan para negociar un aumento en el salario mínimo

¿Y qué decir del personal de salud que se bate en la guerra contra el covid y que se ve forzado a realizar plantones para exigir que se haga efectivo el pago de sueldos y salarios y que se agilice el trámite de otorgamiento de plazas permanentes?

¿Y los hondureños que fueron suspendidos o despedidos de sus trabajos, en virtud de las emergencias que nos han impactado sin misericordia y por cuya razón fueron cerradas al menos cuatro de cada diez empresas y pequeños negocios?

¿Cuál es el sacrificio del gobierno en estos días malos de pestes, desempleo, pobreza, inequidad y corrupción? Está claro que nuestras autoridades no tienen la mínima intención de garantizar el uso racional y transparente de los fondos públicos.

El engranaje estatal se encuentra saturado de funcionarios que han llegado a repartirse los recursos "a manos llenas" y de la manera más inescrupulosa.

Pero en tiempos de dificultades en su grado sumo, es una maldad que nuestros gobernantes sean cómplices, por acción u omisión, de sostener a un sector aventajado y oportunista de personajes que devengan salarios descomunales, a costa del sacrificio de un pueblo que gime por la desigualdad y la injusticia que se imponen en nuestra Honduras.

Contribuyentes podrán gozar de ampliación por 90 días de amnistía tributaria en el pago de estos servicios públicos