Pasaron ocho meses ya y apenas dos hospitales móviles funcionan, y a medio gas, y no para lo que justificó su multimillonaria y a todas luces, fraudulenta compra.
Las estructuras modulares asignadas a Juticalpa, Danlí y La Ceiba apenas se pudieron ensamblar, y en el caso particular de la de Olancho, la misma carece de planos y no dispondrá de sala UCI, mientras que la que a duras penas armaron en Choluteca, hizo aguas con las primeras lluvias de invierno.
La peor estafa hecha al estado de Honduras y al mismo pueblo hondureño en las últimas tres o cuatro décadas: la evidencia más oscura de la descomposición estructural y moral de la institucionalidad hondureña.
El hospital móvil que funciona en Tegucigalpa terminó atendiendo otro tipo de patologías clínicas, mientras cientos de capitalinos tienen que esperar durante días y semanas -si es que no se mueren en los triajes- por un cupo en el colapsado sistema hospitalario público.
¿y los responsables de la fraudulenta compra? Hasta ahora la justicia y la institucionalidad nos han quedado a deber, mientras las estructuras móviles, tal cuales monumentos a la desidia y corrupción, no han podido ser echadas a andar a pesar del tiempo transcurrido desde que salieron del puerto de embarque de Turquía.
Mientras la justicia hondureña parece haberse quedado estancada en sólo dos responsables, funcionarios de tercera y cuarta tercera categoría, ¿y los peces gordos que le dieron luz verde a la compra de los tales hospitales móviles?
¿Quedará como otros expedientes fraudulentos que ha sufrido el país y sin que nadie le rinda cuentas al soberano como ha sido una constante en la historia de Honduras?
Decía el filósofo Séneca en su célebre y sabia frase que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Porque si hay algo que el pueblo hondureño ha pagado con creces, además de la justicia tardía, cuando ésta alguna que otra vez se aplicó, han sido las consecuencias de la corrupción e impunidad.
Mientras recientemente atestiguábamos cómo los ventiladores mecánicos del hospital modular de Santa Rosa de Copán fueron declarados en condición de inservibles y mientras los vagones de la inutilizable Unidad de Cuidados Intensivos de la estructura móvil que fueron a tirar a un predio en Juticalpa Olancho, son sellados con cartón comprimido y tachuelas, la gente pregunta y sigue preguntando si es que nadie más va a pagar por esa estafa.
La eterna conjugación de factores que han llegado a sumir a Honduras en este estado de indefensión frente al delito. Por eso es que aquí la impunidad ha echado raíces tan profundas como la corrupción y el saqueo. Por eso es que los alcances nefastos de la impunidad son tan parecidos y hasta iguales a los de otros delitos igualmente sin castigo y sin consecuencias en Honduras para quienes los cometen.
De ahí que los otros responsables de la vergonzosa compra de los hospitales móviles no hayan siquiera vuelto a ser molestados más por la extraña justicia hondureña.
Ha sido para nuestro pesar y dolor, la otra pandemia que ha corroído los cimientos más profundos de la probidad, operatividad y efectividad de los entes fiscalizadores creados para perseguir el delito y resguardar a la ciudadanía misma.
La otra pandemia que ha sido además el peor fraude a la confianza del sufrido pueblo hondureño.
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