Los resultados arrojados por el primer informe del Barómetro Electoral, presentado hace unos días por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha causado particular incomodidad en el Gobierno.

Los funcionarios y portavoces del Poder Popular han reaccionado agresivamente a los emplazamientos de la iniciativa privada. Han desacreditado el estudio al que han considerado sesgado y representativo del pensamiento de un “pequeño grupo”.

El Gobierno ha contraatacado a los reclamos de los inversionistas nacionales por la falta de una política para crear más empleos, la toma de medidas de política a destiempo, la ausencia de incentivos para atraer inversión y el clima de inseguridad jurídica.

Los representantes de la refundación de Honduras se han hecho eco de cifras acomodadas referidas a que la economía nacional crecerá cuatro por ciento al término de este año, que las reservas internacionales han ido al alza hasta situarse en casi seis meses de importaciones y que la pobreza se ha reducido en 11 puntos.

Como sea que fuere, el discurso de “choque” del oficialismo sólo contribuye a ahuyentar la llegada de capital, derrumba cualquier intento por construir una política de generación de trabajo y aumenta la incertidumbre.

VEA MÁS: Embajada de EE. UU. advierte que estos hondureños pueden perder su visa

¿Tiene algún provecho que el Gobierno utilice como su herramienta la “inventiva” de las 10 familias señaladas de controlar la economía del país y de monopolizar los beneficios fiscales?

Más bien el razonamiento del sector oficialista debería de apuntar a una distribución más justa de la riqueza y, sobre todo, a la generación de condiciones para la llegada de capital, tanto nacional como extranjero.

Porque Honduras necesita de más inversión para completar el círculo virtuoso de la creación de bienes y la apertura de puestos de trabajo para inyectar dinamismo a la economía.

Tal y como lo hemos apuntado en reiteradas ocasiones, nuestro país es un territorio infértil y hostil para la llegada de capital por una razón sencilla: no hay seguridad jurídica.

Estamos de acuerdo con los empresarios y economistas que han avizorado una caída más acentuada de nuestra economía si no se toman medidas que lleven al equilibrio entre el gasto corriente, la inversión pública productiva y eficiente, y la atracción de capital privado.

Los indicadores son negativos en esta materia. El informe actualizado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros concluye que los créditos a las empresas tuvieron un incremento nominal del tres por ciento, pero en términos reales este comportamiento resultaría negativo si es restado el índice inflacionario.

Para salir de la pobreza y mantener la economía y las finanzas en sus niveles efectivos de equilibrio, hay que multiplicar la productividad, contener el gasto y aumentar la llegada de capital.

Lamentablemente, no estamos enrumbados hacia tales objetivos. Necesitamos impulsar la inversión privada nacional y rescatar la seguridad jurídica para empujar el crecimiento integral de Honduras.

LEA TAMBIÉN: ¿Cuántos nuevos votantes habrá en las elecciones generales de Honduras 2025?