La invasión de tierras es un atentado a la seguridad jurídica, un ataque a la economía y una de las principales trabas para la inversión de capital privado.
La usurpación de las áreas productivas es uno de los temas sobre los que llama la atención el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que hace hincapié en los factores que condicionan el comportamiento errático de nuestra economía.
Los señalamientos referidos al clima de negocios en nuestro país nos retratan como un país con una economía estancada que no ofrece buenas perspectivas para el desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB).
Yendo directamente a la crisis ocasionada por la ocupación de tierras, es evidente que el Gobierno ha fracasado y que este problema se le fue de control.
Son cerca de 70,000 hectáreas las que han sido tomadas por los invasores de oficio, de quienes se asegura son azuzados por ciertos diputados del partido en el poder, cobijados en los conceptos de la justicia agraria y el derecho a la tierra que ellos mismos se han encargo de “torcer” para su beneficio.
Lejos de haber encontrado una solución oportuna, la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que fue nombrada por el Poder Ejecutivo ha prestado oídos sordos y se ha hecho de la vista gorda.
En rigor de verdad, el Gobierno no ha evidenciado un compromiso legítimo ni sincero de ponerle fin a las hordas que se han tomado por la fuerza las áreas más fértiles.
Las invasiones se han multiplicado con demoledoras repercusiones sociales, económicas y políticas para nuestro país, donde la seguridad jurídica se volvió insostenible e inviable.
La invasión de tierras amenaza la estabilidad y la paz social, además de poner sobre base movediza la economía, la producción, la seguridad alimentaria y la llegada de inversión a Honduras.
Éste es el panorama desastroso que tenemos en nuestro país, un terreno árido para invertir, hostil para hacer crecer negocios y sin condiciones para producir confianza, tomar ventajas en el mercado y corregir el accidentado rumbo que llevamos.
No son falsas percepciones. El informe del Departamento de Estado describe con exactitud las debilidades de la economía hondureña, el decaimiento de la productividad y la anarquía de nuestras políticas macroeconómicas.
¡Y pensar que nuestros funcionarios defienden su verdad a “sangre y arena”, pero no admiten la realidad cruda que nos abate! Esto es ir contra la corriente y negarse a aceptar que no estamos sobre el camino correcto.
En lugar de alentar la intolerancia, la división y el desorden; lo pertinente y lo razonable es consensuar una línea de acciones que privilegie la atracción de capital privado nacional y foráneo, que promueva la seguridad jurídica y que garantice el equilibrio económico y social.
