El cierre de al menos seis fincas bananeras en poco menos de cinco meses nos recuerda que aquí no nos podemos ya dar el lujo de seguir conspirando contra la inversión nacional y extranjera.
La posibilidad de cerrar de nuevo la economía por el sorpresivo rebrote de covid ha encendido de inmediato las alarmas porque ni ahora ni antes, es lo que Honduras necesita para reflotar el alicaído aparato productivo y recuperar el tiempo que la pandemia y las conspiraciones políticas y gubernamentales nos hicieron perder. Honduras está, digamos, viviendo un punto de quiebre.
La pandemia sanitaria terminó de dejar al país en “las latas”. Antes ya lo habían hecho los políticos y gobiernos de turno. El Producto Interno Bruto cayó en un 8 por ciento y esa debacle económica nos dejó 700 mil nuevos pobres. Unos 600 mil micro y pequeños emprendimientos mudaron operaciones, o en el peor de los casos, cerraron definitivamente. ¿Qué hacemos entonces?. ¿Cuál es el mensaje que la clase política debe mandar frente a la desesperante coyuntura económica por la que pasa el país?. Hoy más que nunca deben crearse las condiciones necesarias y seguras para que la inversión nacional y extranjera llegue, se quede y se expanda.
¡Honduras necesita superar esta situación de incertidumbre, desconfianza e inestabilidad! Un estudio hecho recientemente por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada validó que una gran mayoría de inversionistas locales y extranjeros encuestados calificaron la seguridad jurídica, además de la transparencia y la previsibilidad de los gobiernos de turno, como el principal o el primer factor que determinaba la decisión de instalar sus proyectos de inversión en el país. La seguridad jurídica genera estabilidad, confianza y certidumbre.
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Esas son entonces las condiciones, seguras y necesarias, de las que hablábamos antes para que la inversión llegue, se quede y se expanda!. El mensaje que hoy el gobierno de doña Xiomara y el Estado de Honduras debe mandarle al inversionista, nacional y extranjero, debe recalar en la seguridad jurídica y política: el fortalecimiento del marco legal, institucional y logístico para que más empresas vengan a invertir y encuentren la facilidad para hacer negocios en el país.
No puede ser que con una burocracia ineficiente y mañosa, infestada de regulaciones opacas y procedimientos complejos, que han socavado los cimientes de la competitividad, atraigamos la inversión extranjera. ¿Quién querría venir aquí a arriesgar su capital en condiciones desfavorables e inciertas?. Por eso es que la transnacional bananera Chiquita Brands se fue del país en su momento y se instaló con todo y sus “bártulos” en la hermana República de Guatemala.
En el mismo estudio encargado por el Cohep los inversionistas consultados confesaron que algún tipo de riesgo político los obliga a reconsiderar donde finalmente terminan invirtiendo. ¡No generemos entonces esos mensajes ambiguos y confusos que no hacen más que espantar al inversionista extranjero y local.
