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El compromiso que ha asumido el Gobierno es el de incrementar la inversión pública y enfocar los recursos en las áreas de energía, infraestructura vial, seguridad alimentaria y desarrollo social.



Y entre estos cuatro renglones, los de mayor significado son, obviamente, la reactivación y el fortalecimiento del aparato productivo, lo mismo que la elevación de las condiciones de vida de la mayoría de hondureños que padecen una crisis sin igual.



Por lo menos en teoría, se supone que la asignación de fondos para la protección social será de 9,400 millones de lempiras y para la seguridad alimentaria se destinarían 5,200 millones.



Es lo justo y necesario, porque los más sacudidos por la pobreza y el bajo nivel de desarrollo humano, deben ser –en todo tiempo- sujetos de las políticas, programas y proyectos enmarcados en la visión de país, plan de nación y estrategias del Gobierno.



En nuestro país se ha trastocado el orden de prioridades de las políticas gubernamentales, lo cual se pone de relieve cuando revisamos el comportamiento de la inversión pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).



En el ciclo 2018-2022, la cantidad de recursos presupuestados para este objetivo ha venido en caída libre, desde 4.5 a 1.4 por ciento; es decir, de cuatro a uno por cada cien lempiras generados por el país en bienes y servicios.



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Este año, la partida de la inversión pública fue reducida de 23,000 millones a 10,000 millones con el pretexto de que el plan de ingresos y egresos tuvo que ser reformulado para cumplir con las metas del ejercicio fiscal.



Lo que se espera es que las partidas presupuestarias para el período 2023 sean mejor evaluadas y enfocadas, con el fin de obtener un rendimiento eficaz en el manejo de los fondos estatales.



Cuando en el mundo hay zozobra ante el riesgo de que las economías más poderosas entren en un proceso de recesión, las autoridades de Honduras deben tomar las previsiones oportunas, inteligentes y razonadas en cuanto se refiere a las políticas de atención social y fiscal.



Los grandes sectores de la población, son estrangulados por una inflación en espiral, motivada por factores negativos del mercado externo, la especulación en el precio de los productos, la pérdida de la cosecha, el desabastecimiento del mercado local. El derrumbe de la inversión extranjera y las proyecciones desalentadoras en cuanto al crecimiento de la economía nos colocan en tambaleo.



La inversión pública orientada puntualmente a estimular el aparato productivo, la seguridad alimentaria y la protección social, es –entonces- vital desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo; no puede ser una acción postergada ni disminuida en sus alcances.



Porque si no es atendida la calamidad social que se ha anidado, el derrumbe económico y la desestabilización de la gobernabilidad en nuestro país, son consecuencias que seguramente nos tocará pagar “muy caro” a todos.