No se trataba de un drama cuando advertíamos que, con la selección de candidatos y la elección de los jueces del máximo tribunal de justicia del país, Honduras se estaba jugando su presente y su futuro.
Y cómo no iba a estar en juego, prácticamente todo, si nuestra democracia, la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico, descansan sobre un entramado constitucional, despolitizado, garantista de estabilidad, confianza, seguridad e institucionalidad.
Por eso es que cada vez que el pleno de magistrados del máximo tribunal de justicia se reúne para pronunciarse sobre un asunto de interés nacional, los fantasmas de esos temores vuelven a aparecer.
Como volvieron a aparecer ayer. Ese es, y ese sigue siendo el celo y el recelo que la sociedad hondureña guarda con nuestro sistema de impartición de justicia. Como lo creemos todos, o casi todos los hondureños, de la escogencia e integración de jueces independientes e imparciales, sometidos únicamente a la Constitución y las leyes, depende el desarrollo de Honduras.
Por eso es que es necesario decirlo una y otra vez. Para tener un sistema de impartición de justicia, sometido únicamente a la Constitución y las leyes, es imperativo mantener a raya la injerencia partidista. Este es el momento histórico que hoy estamos viviendo.
Es prácticamente la reconstrucción del andamiaje constitucional e institucional, que puntualmente, en su entramado jurídico y legal, requiere de operadores de justicia probos y garantes del Estado de Derecho, pero también, hombres y mujeres cuyo perfil más visible sea la meritocracia e idoneidad; desmarcados del membrete de activistas o militantes de los partidos políticos.
De probada honradez y vocación de servicio. ¡Los que, según la Constitución de la República, estén dispuestos incluso a ofrendar sacrificio y vida por la autoridad abrogada de impartir la justicia que emana del pueblo y en nombre del Estado de Honduras!
Jueces independientes y sometidos únicamente a la Constitución y las leyes. Ese era el perfil que la sociedad hondureña exigía. De eso se trataba el emplazamiento que como sociedad se le hacía a los diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Esa fue su oportunidad histórica.
Contribuir con la elección de los togados del máximo tribunal de justicia a construir el nuevo orden en la impartición de justicia, apegado a la Constitución y las leyes, y no a los partidos y poderes del Estado que los promueven.
Esa ha sido y sigue siendo la aspiración eterna. Una Corte Suprema de Justicia independiente del sectarismo y sus males, de los intereses gremiales y particulares, capaz de ejercer la acción punitiva del Estado y garante de los derechos de la población.
Y este sigue siendo un momento clave en nuestra historia. Tener un sistema que privilegie el mérito y la integridad, y que por fin el pueblo hondureño que levantar sus banderas para enarbolar todas las virtudes y calificaciones posibles.
