La pretensión del gobierno de Estados Unidos de gravar las remesas pone en riesgo verdadero a la economía de Honduras, el país más vulnerable de la región por su alta dependencia de los recursos enviados por los migrantes.

El impuesto que el Senado estadounidense podría aprobar para ser aplicado a las divisas generadas por los nacionales que se ganan la vida en aquel país, representaría un castigo para los más necesitados.

En razón de esta amenaza es que resulta incomprensible que el Gobierno se mantenga en inacción, sobre todo por las repercusiones graves que traería para la estabilidad financiera y el sostenimiento de las reservas internacionales y del tipo de cambio.

La administración del Poder Popular no ha presentado un plan estratégico para salir al paso de un eventual cargo de 3,5 por ciento al envío de remesas.

Nuestras autoridades están de brazos cruzados, simplemente a la espera de lo que ocurra. ¡Qué lentitud, qué pobre capacidad de reacción ante situaciones críticas y qué falta de visión frente a una amenaza real!

En vez de estar “muy entretenidos” en persecuciones políticas, en campañas de odio contra quienes les adversan o cargando la culpa de todos los problemas del país a sus antecesores, los gobernantes deberían de analizar las consecuencias de la política migratoria de Donald Trump.

Otros países con una economía robusta y con finanzas más estables, ya han comenzado a revisar medidas encaminadas a amortiguar los efectos de una penalización a las remesas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó esta misma semana que elevará a la administración Trump una petición para eliminar o, en su defecto, reducir el posible impuesto a las remesas enviadas por los migrantes del país centroamericano, cuya economía ni por cerca depende de estos fondos en los niveles nuestros.  

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Las remesas constituyen el 25 por ciento del Producto Interno Bruto de Honduras. En 2025 el monto de la divisa estadounidense producido por los emigrantes se ha incrementado en más de 20 por ciento y el año pasado tuvo un aumento de 105 por ciento, lo que se traduce en un ingreso promedio de 3,000 lempiras por cada familia receptora.

Un impuesto del 3,5 por ciento se traduciría en un impacto de al menos 500 millones de dólares para nuestra débil economía y causaría un hoyo en las finanzas que luego se reflejaría en la estabilidad de las reservas internacionales y del tipo de cambio.

Adoptar acciones tendientes a mantener en sus rangos prudentes la inflación, el endeudamiento y el gasto corriente es vital para reducir los riesgos que traería la aplicación de un impuesto a las remesas.

Somos el país con la economía más frágil, tambaleante y con menores opciones de competitividad. Es un imperativo replantear ¡ya! el tema de las remesas, su impacto social y su relación con la productividad nacional.

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