Con una enorme deuda en lo que respecta a la calidad, cobertura y pertinencia inicia esta semana el año escolar 2023. Honduras sufre una verdadera calamidad educativa.
En promedio, 900,000 niños y adolescentes no tienen acceso a los servicios de educación y tampoco están disponibles para ellos oportunidades de ascenso en sus condiciones sociales.
En esa misma lista de indicadores negativos, se calcula que el 75 por ciento de estudiantes no alcanza los estándares en lectura ni en matemáticas, cien mil desertan anualmente de las aulas de clase y la masa de alumnos que fueron excluidos por la pandemia no han regresado, pasaron a formar parte de una “generación perdida”.
Son variables que retratan la desgracia de la educación en Honduras, pero que las actuales autoridades, como las anteriores, niegan, esconden o acomodan para presentar “falsos resultados positivos”.
El balance de logros presentado por el Gobierno resalta una matrícula de un millón 850,000 alumnos en 2022, la alfabetización de 27,300 hondureños y los trabajos de reparación de mil centros de enseñanza, de un total de 12,000 que se encuentran destruidos.
Y aunque los funcionarios insisten en que todo ha cambiado en sólo un año de gestión y que el sector educativo está en una franca transformación, una radiografía tomada a sus principales puntos de funcionamiento muestra un estado comatoso de nuestra enseñanza-aprendizaje.
A causa de la emergencia epidemiológica, nuestro país retrocedió dos años de escolaridad, mientras ocho de cada diez alumnos fueron excluidos de una enseñanza de calidad.
El período lectivo 2023 presenta grandes desafíos: traer de regreso a los alumnos a quienes el mismo sistema les cerró las puertas, ampliar el acceso a las escuelas y colegios, reconstruir la infraestructura escolar, elevar la calidad de la enseñanza, revisar los planes de estudio, actualizar los métodos de evaluación y reformular los programas de formación docente.
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El sector educación -al que, dicho sea de paso, se asignó una insuficiente partida presupuestaria de un poco más de 38,000 millones de lempiras- está amenazado en el año en curso por la ingobernabilidad en las relaciones entre un segmento de dirigentes magisteriales, el ministro Daniel Sponda y sus mandos intermedios.
Las violentas protestas contra el nombramiento de los directores departamentales, atizadas por grupos opuestos dentro de los mismos Colectivos de Libre, igual que las manifestaciones de inconformidad de los maestros que participaron en el concurso por una plaza, son signos de que el desorden puede ir en escalada en nuestro mediocre sistema educativo y convertirse en un caos.
Dos mil veintitrés ofrece una oportunidad para que los principales actores rescaten el derecho irrenunciable a una educación equitativa, incluyente y accesible.
Porque la sentencia es inapelable: si no avanzamos el mejoramiento del sistema educativo y si esta materia sigue siendo relegada de la agenda de país, Honduras está condenada a la reproducción de la pobreza.
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