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La Tasa de Seguridad que fue creada en 2011 para apoyar la labor de los operadores de justicia y reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común, es una de las iniciativas más controversiales y caídas en descrédito.



Ese fondo, cuya constitución fue concebida por los políticos con aparentes propósitos legítimos, ha sido manejado sin transparencia y con mucha confidencialidad, con el pretexto de que es una información de seguridad nacional que no puede ser dada a conocer en detalle.



La discrecionalidad en la gestión del denominado "Tasón" no se justifica, por mucho que los personajes que integran el Comité Técnico del Fideicomiso abunden en explicaciones que es un tema reservado por su naturaleza y su objetivo.



Y con motivo de su inclusión en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Secretos Oficiales”, El Tasón ha sido blindado con más cerrojos.



Al amparo de ese escudo legal, es que el Gobierno ha utilizado con libertad de criterio y amplios márgenes de movimiento para desviar su destino, los recursos aportados por diversos sectores económicos y por un segmento de la población que está obligada a correr con cargos en nombre del Tasón.



Desde que entró en aplicación en 2012, el Fondo de Seguridad Poblacional ha recaudado alrededor de 20,000 millones de lempiras, de los cuales No se han dado rigurosas cuentas, sino informes parciales.



En razón de lo que tenemos entendido, la Ley del Fondo de Seguridad Poblacional está a punto de concluir su vigencia, pero hay indicios de que será prorrogada por varios años más.



¿Y es que tiene límites la voracidad de nuestra clase política para obtener dinero de dónde sea? En todo caso, y si el Congreso Nacional decide ponerle término a la aplicación de la Tasa, dicho instrumento seguiría vigente para los trámites financieros hasta 2025, porque resulta que El Tasón mantiene una deuda con el sistema bancario privado de entre 2,000 y 3,000 millones de lempiras.



Lo mínimo a que tenemos derecho los hondureños si al Tasón le es prolongada la vida y la fuerza legal, es que se nos presente un informe limpio, confiable y abierto sobre el dinero percibido y sus desembocaduras.



No debe haber secretos ni maniobras oscuras e insanas como las que acostumbran a ejecutar los políticos para sus torcidos propósitos. Traemos a memoria que, hace solo unas semanas, salió a la luz un escandaloso expediente que reveló el despilfarro de 700 millones de lempiras en la adquisición de más de dos mil vehículos, casi todos de lujo.



El balance de la Tasa de Seguridad No es positivo, ni contundente; tampoco confiable. Las instituciones encargadas de perseguir, ejercer la acción penal e impartir justicia, todavía adolecen de muchas falencias, debilidades y errores.



La impunidad se refleja en que ocho de cada diez crímenes se quedan sin investigar y la incidencia delictiva se traduce en un promedio de diez crímenes cometidos cada 24 horas en Honduras.



La exigencia primera es que El Tasón, que No ha sido más que una mina de la que se ha echado mano sin mayor miramiento, sea ajustado a los términos de la transparencia y de la rendición de cuentas para saber en qué se invierten los recursos públicos.



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Editorial HRN: La Tasa de Seguridad, recursos en la confidencialidad y opacidad

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