La impartición de justicia en nuestro país ha sido torcida, no apegada a los principios de prontitud, rectitud y debido proceso, en tanto que el ejercicio de la acción penal pública ha sido instrumentalizado y contaminado por injerencia de naturaleza política.
Nuestro sistema de justicia y de persecución del delito está lisiado. Hay que sanearlo, a efecto de que prevalezca el imperio de la ley. Desde la contaminación provocada por la politización, hasta la infiltración de las redes delictivas.
En el más reciente de los accidentados episodios de nuestro aparato de justicia, el fiscal general, Johel Zelaya, fue destituido en un acelerado juicio político a un funcionario que abandonó su papel en el Ministerio Público para convertirse en un activista de la refundación.
Y la magistrada-presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, fue forzada a renunciar, por haberse plegado a instrucciones partidarias y adoptado acciones arbitrarias y antagónicas con las leyes.
El sistema de justicia de Honduras está lisiado; no desde ahora; así ha sido históricamente. Ha sido tomado como un capricho y un botín por los políticos interesados en mediatizar la aplicación de las leyes y en mantener viva la caldera de la corrupción y de la impunidad.
Los magistrados y los fiscales no tienen por qué sucumbir ante compromisos políticos creados para corromper el Poder Judicial o mediatizar las atribuciones de la Fiscalía.
Las cosas no andan como deberían en la impartición de justicia. Los jueces, los magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial, lo mismo que la superioridad del Ministerio Público y sus subalternos están en predicado.
Además de haber sido elegidos gracias a negociaciones y acuerdos no muy legítimos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, los togados -los que imparten justicia y los que persiguen el delito- están señalados de formar parte de una trama para vulnerar el orden institucional.
Hay que hacer un esfuerzo tendiente a reformar todo el sistema de justicia del país, a partir de un trabajo sostenido, conjunto y basado en el compromiso indoblegable de depurar la impartición de las leyes y de ejercer con legitimidad la acusación en nombre de la sociedad.
La separación del fiscal Zelaya y de la magistrada-presidente Ráquel Obando debería de ser una oportunidad para enderezar la justicia. Que no sea un nuevo movimiento político para concentrar el poder y distribuirse los cargos.
La persecución del delito, la lucha contra la impunidad y el imperio de la ley deben ser de resultados eficaces, enérgicos y permanentes; nunca una negociación.
Porque, como en alguna oportunidad lo declaró un prominente estadista de las Américas: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”.
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